Permitir que más personas puedan acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU) es el objetivo del proyecto aprobado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados (boletín 15625).
El proyecto, remitido al Senado para su segundo trámite, permitirá sumar, el primer año, a mas de 73 mil adultos mayores a este beneficio.
Además, los diputados aprobaron una indicación que establece una obligación de información del Instituto de Previsión Social, a las comisiones de Trabajo del Congreso Nacional, cada seis meses, del número de personas que cumplen los requisitos establecidos en la ley.
La propuesta modifica la ley 21.419, que creó este beneficio como reemplazo de las prestaciones de vejez del Sistema de Pensiones Solidarias (Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario de Vejez).
Cabe recordar que la PGU pasó de la cobertura del 60% de la población de menores recursos -Pilar Solidario-, a toda la población de 65 años o más. Esta pensión garantizada incluye a los adultos mayores que no están jubilados. La única excepción es el 10% más rico de ese universo.
Pero esta calificación consignada en la ley dejó fuera a adultos mayores que sí deberían recibir el beneficio, porque no forman parte del 10% más rico de la población total del país.
Esto debido a que si se toma en cuenta al 90% de toda la población de menores recursos del país, el valor de corte es de $683.469 pesos. Pero si se usa como base solo al 90% de la población de 65 años o más, como ocurre hoy con la PGU, su valor disminuye a $497.468; ya que los adultos mayores son más pobres que la población general.
En ese sentido, el proyecto propone modificar la ley para tomar como corte al 90% de toda la población y no al subgrupo de 65 años o más. Con este cambio, alrededor de 73 mil adultos mayores también podrán acceder a la PGU, en el primer año de vigencia de la norma.
Los diputados valoraron esta modificación que permite avanzar a la universalidad y que beneficiará a un importante número de adultos mayores.
No obstante, se planteó que aún persisten criterios discriminatorios en el caso de las mujeres, que si bien pueden jubilar a los 60 años, solo pueden postular a la PGU a los 65. En ese sentido, se insistió con una indicación en la Sala para rebajar dicha edad. Esta fue declarada inadmisible, porque es una materia que es de exclusiva iniciativa del Presidente de la República.
Otro punto puesto en debate fue el llamado a incorporar en el universo beneficiado a pensionados del sistema Capredena. Esto, porque según señaló la diputada Chiara Barchiesi (PREP), un 25% de estos recibe pensiones menores a 450 mil pesos.
Los legisladores también llamaron la atención sobre el financiamiento de la PGU, que hoy implica un aporte del Estado equivalente a 2,3 puntos del PIB. Así, se trata de un beneficio que concentra la mayor cantidad de recursos públicos y que se incrementará año a año al sumar nuevos beneficiarios.
Por ello, se instó desde distintos sectores a contar transparentar cuál será la fuente permanente de financiamiento.
No obstante, se plantearon posturas disímiles sobre el origen de esos fondos. Desde el oficialismo se llamó a respaldar la reforma tributaria para que no sean los trabajadores, sino los que más tienen los que aporten.
