En reciente fallo, la Corte Suprema ordenó eliminar el registro de cobro de deuda de un crédito universitario.

La Corte Suprema acogió un recurso de protección en contra de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la empresa Dicom Equifax SA por la publicación en el boletín de informaciones comerciales de una deuda de crédito universitario de hace 13 años.

En fallo unánime la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros  Sergio Muñoz, Carlos Aránguiz, Arturo Prado, Ángela Vivanco y el abogado integrante Julio Pallavicini- estimó arbitraria la decisión de mantener publicada la deuda de un estudiante cuyo cobro no ha sido requerido judicialmente y dentro de un plazo razonable.

La sentencia apelada había rechazado el recurso de protección señalando al efecto, que de acuerdo al artículo 15 de la Ley N° 19.287, las nóminas de deudores morosos por las obligaciones a que se refiere dicha ley, serán públicas, circunstancia por la cual, la morosidad de la recurrente puede ser informada, aun cuando se encuentre vencido el término de cinco años contado desde la exigibilidad de la obligación.

No obstante, en el recurso de apelación interpuesto por la recurrente, no se ha acreditado que su parte se encuentre dentro de la nómina de morosos de crédito universitario, por lo tanto la Corte Suprema concluyó que la información comunicada surge de una fuente privada, resultando en consecuencia aplicable el lapso de cinco años a que alude el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales. Además, la universidad recurrida se ha comportado como un acreedor poco diligente al dejar transcurrir 13 años para realizar el cobro de la deuda.

“Que, a efectos del resolver la presente controversia, es preciso considerar que el artículo 13 bis de la Ley N° 19.848, introducido por la Ley N° 19.899, publicada en el Diario Oficial de 18 de agosto de 2003 (posterior a las Leyes N° 19.628 y 19.812) interpreta el artículo 15 inciso 2° de la Ley N° 19.287, en el sentido que las nóminas de los deudores morosos de los fondos solidarios de crédito universitario son públicas sin que les haya sido ni les sea aplicable lo establecido en la Ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada”, manifiesta el fallo.

A su vez, la resolución aclara: “no obstante lo expuesto anteriormente, el referido artículo 15 de la Ley N° 19.287 no faculta de modo alguno a hacer un cobro inoportuno, por el contrario éste debe ejercerse dentro de un plazo razonable, siendo del todo improcedente forzar como un medio alternativo al cobro judicial la publicación a través de los informes financieros y comerciales de empresas habilitadas a estos efectos, originando con este proceder un medio de cobro impropio”

La CSJN consideró que la actuación de las recurridas vulneran las garantías constitucionales consagradas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, dado que le impide al recurrente acceder a fuentes de financiamiento en términos de igualdad con otras personas, afectando consecuencialmente su patrimonio.

Por lo tanto, el tribunal decidió revocar la sentencia apelada y, en su lugar, acoger el recurso de protección interpuesto, ordenando se oficie a las recurridas para que eliminen, en forma inmediata la publicación de la deuda del recurrente derivada del Fondo Solidario Universitario. (rol 7.299-2019)

Fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación, Chile