La iniciativa impulsada por el Ejecutivo, contempla distintas medidas que apuntarían a enfrentar hechos de violencia cometidos al interior de establecimientos educacionales
Las medidas incluyen la revisión de mochilas, sanciones por la interrupción de clases y un nuevo requisito para acceder a la gratuidad, entre otras.
Chile se encuentra frente a hechos que tienen que ver con las dificultades de los profesores y los equipos escolares para mantener el orden en las salas, sumando a ello la importante carga administrativa que significa gestionar denuncias. De ellas, solo un 20% termina en una sanción efectiva.
Para algunos senadores resultaron polémicas algunas cuestiones como ser la revisión de mochilas, la expulsión de estudiantes en el contexto de protestas y la rotación de alumnos ‘conflictivos’ entre establecimientos. Se han constatado 43 delitos en promedio por año en los establecimientos educacionales. Se tratan de delitos contra la vida, con relación a drogas y armas. La revisión de mochila probablemente no sería necesarias en todos los colegios.
La ministra de Educación, María Paz Arzola explicó que “hay que precisar que el proyecto permite –no es obligatorio- que los colegios puedan incluir la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias, ellos evaluarán esa necesidad Ahora no se abren las mochilas, se les pide a los estudiantes abrirlas. Esto se hará en una sala aparte y lo hará profesional específico para ello”.
La senadora Yasna Provoste aseguró que “lo que está en la base del proyecto es que se interpreta la violencia en contextos escolares principalmente como un problema de seguridad pública, cuando toda la evidencia disponible indica que esto se trata de un fenómeno socioeducativo estructural.
La falta de financiamiento fue uno de los temas que centró la atención de los integrantes de la Comisión de Educación, quienes comenzaron el estudio en general y particular, del proyecto que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.
Tras la exposición, la senadora Yasna Provoste aseguró que El informe financiero dice que todo este proyecto no irroga gasto fiscal. Esto significa que los apoyos a salud mental, la dotación de las duplas psicosociales que están en los establecimientos educacionales más psicólogos, la implementación de los nuevos procedimientos quedan entregados a la capacidad de cada sostenedor.
Por su parte, el senador Rojo Edwards manifestó que cuando se producen hechos de violencia se tiene que reaccionar. “en estos casos específicos de alta violencia, debe haber una respuesta. La violencia no se debe tolerar independiente del enfoque preventivo. Podríamos agregar que los apoderados que no hayan adoptado medidas para evitar que sus hijos sigan delinquiendo, tengan alguna responsabilidad”.
El senador Cristián Vial comentó que “el diagnóstico es adecuado y que el proyecto no desatiende lo importante porque apunta a mejorar el ambiente, porque solo así se protege la calidad de la educación. “Que convoque a Carabineros es sensato y eso no significa que se excedan los límites”.
En tanto, el senador Vlado Mirosevic recordó que “hay que combinar lo punitivo con el trabajo comunitario. Una ley como esta sin financiamiento, no llegará muy lejos porque no se resuelve todo revisando la mochila. Estoy abierto a esta discusión, pero siempre que haya financiamiento” junto con sincerar que “me preocupa la ampliación de las hipótesis de expulsión. Si estamos hablando de una normal protesta pacífica, ¿cómo vamos a expulsar a ese estudiante? (…) Voy a presentar una indicación al respecto”.
Finalmente, el presidente de la Comisión, el senador Gustavo Sanhueza reconoció que esta norma no soluciona el problema de la convivencia porque hay múltiples factores que intervienen. “En cuanto a la propuesta alcalde Jaime Bellolio, quien planteó incluir en este proyecto, el limitar la llegada a liceos emblemáticos de alumnos expulsados por hechos de violencia, creo hay que generar una instancia de acompañamiento porque no se saca nada con trasladar al estudiante de establecimiento”.
