El Senado presentó una iniciativa de proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad Covid-19 en Chile.

En Senado se está trabajando en un proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a personas de riesgo alojadas en los centros penitenciarios.

Hace un mes aproximadamente la Organización Mundial de la Salud declaraba la pademia del brote mundial del virus (SARS-CoV2) que produce la enfermedad del coronavirus 2019.

Si bien alrededor de un 80% de los contagiados se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, 1 de cada 6 personas aproximadamente desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, resaltando que los adultos mayores son quienes tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave.

En cuanto a los niños y niñas, si bien el nivel de incidencia es diverso, igualmente el COVID-19 puede generar efectos complejos e incluso se han evidenciado casos a nivel mundial de niños y niñas que han fallecido producto del COVID-19, sobre todo, aquellos que padecen de enfermedades previas.

El COVID-19 también puede generar consecuencias graves, e incluso letales, en mujeres embarazadas y en los no nacidos. Las embarazadas pueden desarrollar problemas respiratorios que las pueden llevar a la muerte.

En lo que respecta a los que están por nacer, la infección por coronavirus durante la etapa perinatal, es decir, justo antes o después del nacimiento, puede producir graves efectos adversos, tales como alteración de la función hepática e incluso la muerte.

Entendiendo que los adultos mayores, niños, niñas y sus madres, y las embarazadas, constituyen una población de riesgo frente al coronavirus, tales riesgos se incrementan cuando estas personas se encuentran en espacios en que no pueden tener una adecuada distancia física.

La emergencia sanitaria en Chile se tradujo en la declaración de un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública.

En este contexto el Senado presentó una iniciativa que se enmarca dentro del conjunto de acciones adoptadas el Gobierno destinadas a enfrentar la crisis.

El proyecto tiene el propósito de cumplir con dos concretos objetivos de salud pública relacionadas con el sistema de ejecución penal:

  1. la adopción de medidas destinadas al cuidado preventivo de grupos de alto riesgo, y
  2. ii) la adopción de medidas destinadas a reducir los contactos interpersonales, a fin de prevenir las posibilidades de un foco de contagio masivo, protegiendo de esta forma a toda la ciudadanía.

Por ello, el Senado promueve la declaración de indultos conmutativos, de la ejecución de penas privativas de libertad tratándose de:

  • personas que tengan más de sesenta y cinco años de edad,
  • que sean mujeres embarazadas o que tuvieren un hijo o hija menor de dos años de edad,
  • que resida en la unidad penal, consistente en la conmutación de la pena privativa de libertad por la de reclusión domiciliaria total.

Tratándose de los adultos mayores, una situación excepcional la constituye la población penal mayor de 75 años, pues a diferencia de todos los otros grupos beneficiados, se prescinde de cualquier exigencia de cumplimiento mínimo de condena, y se prescinde también de cualquier exigencia de saldos máximos de condena que resta por cumplir.

Lo anterior, por considerarse el grupo de mayor riesgo, debido a que dicha etapa de la vida se caracteriza por procesos degenerativos, tanto físicos como psicológicos, lo que impacta de forma negativa en las posibilidades de sobrevivencia frente al contagio del COVID-19.

Para el resto de los beneficiados se presentan exigencias de tiempos mínimos de cumplimiento y de saldos máximos de condena pendiente por cumplir, específicamente 36 meses. En el caso de los menores de 75 pero mayores de 65 años, se exige un cumplimiento mínimo de la mitad de la condena.

Pude ver el proyecto completo y su fundamentación aquí.

Fuente: V-Lex

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