El Ministro Hernán Larraín expuso sobre la iniciativa que concedería indulto general para imputados por 18-O.

El proyecto de ley, ya analizado en la Comisión de Derechos Humanos, es difícil de entender, porque el proyecto no tiene claridad en su fundamentación, no hay una fundamentación razonable, jurídica, ni mucho menos única.

Algunos hablan de presos políticos y hoy día el Senador Latorre no habla de presos políticos. Son imprecisiones que trajeron actos de evasión de la ley, desobediencia civil, paro y otros, como lo manifiestan en el proyecto, y se registraron denuncias de saqueos, desórdenes públicos, incendio, destrucción de mobiliario, tanto privado como bienes de patrimonio público, y que, se dice, resulta en ese escenario, hubo una reacción desproporcionada de los agentes del Estado que incluyen incluso violaciones a los derechos humanos.

¿Existe una relación causal que permita concluir que se debe prescindir de sanciones penales, cuando haya un particular que incurre en delito, pero que estos se refieren a sobrerreacciones de agentes del Estado?

El senador Latorre manifiesta que si un particular comete un delito grave, claro y preciso, pero que justifica o lleva consigo una sobrerreacción de la policía, entonces pareciera decir que el primero queda exonerado de responsabilidad.

¿Hay cierta lógica en esta racionalidad o ambos deben ser objeto de la investigación penal?

Si un particular comete un delito, debe ser investigado. Sin embargo, que haya un policía que comete un delito a lo mejor es más grave, y que merece una sanción mayor. Pero eso no exonera la responsabilidad que tiene el particular.

Las responsabilidades penales en estos casos se suman, no se compensa y una borra la otra, como algunos parecieran entender.

En los fundamentos no se explica por qué el proyecto de ley exonera de responsabilidad criminal a persona que ha cometido un hecho que satisface todos los requisitos exigidos por nuestra ley para ser sancionado como delito.

Enseguida, una segunda línea de argumentación, inspira parte de este proyecto en el llamado a la protesta social como el ejercicio de un derecho humano, el derecho a la libertad de expresión, a la reunión, a la libre asociación. Se está trabajando en ello porque hoy día en Chile no hay una ley que regule el ejercicio del derecho de reunión.

Luego, habrá que entender qué es lo que es un indulto. El indulto es una institución jurídica en virtud de la cual (…) una pena a alguien que ha sido condenado por la justicia, sin perjuicio de dejar esa calidad de condenado para todos los otros efectos legales, por ejemplo, en la reincidencia. Lo que hace el indulto es borrar (…) ni mucho menos la necesidad de cumplir una pena privativa de libertad o cualquier otra.

El proyecto confunde porque dice en el artículo primero, “concede un supuesto indulto general a todos quienes hayan incurrido o se encuentren imputados por determinados delitos, sea que se encuentren o no sometidos a investigación formalizada o desformalizada, imputadas o condenadas.”

Aquí se está dando una amnistía, es decir, a personas que están en proceso, pero con las consecuencias no del indulto, sino que también de la amnistía, para que borren todos los efectos legales que surjan de esa definición. Esto no es un indulto, es una amnistía disfrazada.

El Ministro apuntó que no quieren llamar amnistía porque no vayan a decir que están haciendo lo mismo que hizo la dictadura, ese es el fondo del problema. “Y yo creo que las cosas hay que decirlas por su nombre, pero lo que están haciendo no es un indulto, y en derecho todos sabemos que las cosas son lo que la realidad dice, y no lo que las palabras puedan presumir o aparentar, porque de lo contrario se pierde todo el sentido a el ordenamiento jurídico.”

Fuente: Prensa Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Chile


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