La Comisión de Constitución despachó proyecto de ley para mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado.
Si bien Chile no se caracteriza por ser un productor de drogas, la cercanía con otros países de la región que elaboran este tipo de sustancias la trasforma en una nación de tránsito para mercados que concentran la demanda.
La demanda interna de Chile lo convierte en un mercado atractivo para la delincuencia organizada y por ello es importante tomar todas las medidas para atacarlo.
Además, diversos grupos de narcotraficantes han desafiado a la autoridad y han hecho muestra de su poder de fuego con armamento militar de alto calibre.
Las redes de corrupción del narcotráfico y el crimen organizado cada vez penetran y causan daños a diversas instituciones, organismos e integrantes de nuestra sociedad.
Uno de los aspectos destacados del es que cualquier persona formalizada por delitos de este tipo estará impedida de realizar acciones de financiamiento a la política.
Se aprobó también una norma para impedir ser juez o jueza a quienes utilicen drogas o estupefacientes ilegales, a menos que se justifique su consumo por un tratamiento médico.
Aquello se suma que no podrá ser diputado ni senador quien tenga dependencia de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas ilegales, a menos que se justifique su consumo por un tratamiento médico.
En el mismo sentido, la norma define que la autoridad, para asumir el cargo, deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse, además, cada un año, durante el ejercicio del cargo, tal como en el caso de los jueces.
Del mismo modo se aprobó la aplicación de la medida para el Presidente de la República; ministros de Estado; jefes superiores de servicio; subsecretarios; delegado presidencial, regional o presidencial provincial; gobernador regional; consejero regional; alcaldes y concejales.
El proyecto busca crear un verdadero muro entre el narcotráfico, el crimen organizado y la política y los partidos políticos, así como de parte de las personas que aspiran a cargos de elección popular.
La idea es sancionar gravemente a quienes reciban financiamiento por parte del narcotráfico. En líneas generales, cualquier persona formalizada por delitos de este tipo estará impedida de realizar acciones de financiamiento a la política.
El diputado Luciano Cruz Coke (Evópoli) manifestó que “me parece perfecto porque no debe quedar ninguna duda de ese impedimento y ese muro no pude ser sobrepasado”.
Misma opinión dio a conocer el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), ya que “las indicaciones están muy bien trabajadas y marcarán un importante avance en esta materia”.
Respaldo compartido por los diputados Leonardo Soto (PS) y René Saffirio (Independiente), quienes agregaron que si bien en Chile estos casos no se han llevado a cabo de manera profunda, en comparación a otras naciones, “es indispensable que existan normas duras que impidan esa relación entre política y narcotráfico”.
Fuente: Prensa Cámara de Diputados, República de Chile
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