Diputados de Chile demandan un proyecto para prevenir el uso de las redes sociales en fraudes y estafas.
La Cámara aprobó una resolución que solicita al Gobierno el envío de una iniciativa legal para prevenir, investigar, fiscalizar y perseguir el mal uso de redes sociales en fraudes, estafas y otras conductas similares.
La solicitud de resolución 595 recibió 123 votos a favor. En lo fundamental, requiere al Ejecutivo un proyecto para prevenir fraudes y estafas en las redes sociales.
El texto precisa que plataformas como Twitter, Facebook y otras redes sociales son herramientas fundamentales para conectar a las personas. Sin embargo, también observa que su uso tiene consecuencias negativas. Por ejemplo, las y los autores mencionan las estafas y fraudes. “Somos del juicio que la buena fe de las personas que entran en transacciones en estas plataformas debe ser resguardada y las redes sociales reguladas”.
Para ello, la resolución propone fortalecer la legislación, para investigar, fiscalizar y perseguir de manera más eficiente las estafas, fraudes y otras conductas reprochables en redes sociales. Asimismo, plantea establecer un deber de las empresas que administran estas plataformas de colaborar con estas tareas.
Son autores de esta resolución Félix Bugueño (Ind), Viviana Delgado (Ind), Marta González (Ind), Jaime Mulet (FRVS), Marisela Santibáñez (PC) y Gael Yeomans (CS).
Entre los engaños se encuentran las noticias falsas; suplantación de identidad y ventas sin entrega del bien o servicio. Precisamente, es esto último lo que las y los legisladores llaman a combatir.
“Proponemos actualizar la legislación y dotar de herramientas a los organismos públicos pertinentes”, expresan. Ello, con el fin de adaptar la investigación, fiscalización y persecución de abusos a la buena fe de las personas.
Según cifras de la Policía de Investigaciones, en 2022, más de cuatro mil estafas se cometieron a través de medios digitales. Entre estos fraudes abundan las ventas sin entrega; la promesa sin venta de vehículos usados, donde se usan fotos de redes sociales de terceros; y lugares de alojamiento que no pertenecen al ofertante, el que desaparece luego de realizado el pago.
Entre las medidas que plantea el texto, está la creación de bancos de cuentas, correos electrónicos y números telefónicos que se usan para las defraudaciones. También, crear alertas públicas en los medios de comunicación y educar a la ciudadanía.
Asimismo, el documento propone el trabajo conjunto del Ministerio Público, la PDI, Carabineros y la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Finalmente, la resolución pide obligar a las empresas administradoras de redes sociales y plataformas digitales a cooperar en la prevención, investigación, fiscalización y persecución de las estafas y fraudes.
