Avanza norma que asegura operatividad y adecuado funcionamiento del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia.

La Sala respaldó en general el texto que tiene como último fin garantizar el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Por unanimidad el Senado respaldó en general la armonización de la Ley 21.302 que Crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica, y la Ley 20.032 que Regula el Régimen de Aportes Financieros del Estado a los Colaboradores Acreditados, con la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. La Sala acordó que se recibirán indicaciones hasta el jueves 25 de abril.

El objetivo de la norma es concordar y armonizar las mencionadas leyes, con la finalidad de dotar de coherencia al sistema de protección integral de la niñez y adolescencia, para asegurar la operatividad y el adecuado funcionamiento de esta nueva institucionalidad.

La senadora Fabiola Campillai, en su calidad de presidenta de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia, fue la encargada de informar sobre el texto, mediante tecnología inclusiva, con el sistema NVDA, implementado especialmente por el Departamento de Informática de la corporación, tal como la legisladora destacó.

Sobre la tramitación, precisó que la norma de armonización, que da coherencia al sistema y asegura su operatividad, contó con el respaldo unánime de la instancia legislativa, la que escuchó a varios actores relacionados.

Durante el debate intervinieron los senadores Enrique Van Rysselberghe, Isabel Allende, Sebastián Keitel, Carlos Kuschel, Matías Walker, Claudia Pascual, Rodrigo Galilea, Yasna Provoste y Alejandra Sepúlveda; además de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Todos ellos reconocieron que se ha avanzado con fortalecimientos necesarios, pero persiste una “deuda con la niñez”.

Al respecto, se evidenciaron y lamentaron aspectos como la situación de niños y niñas en la Región de Valparaíso, que lidera denuncias sobre explotación sexual infantil; la muerte de 38 menores de edad durante el 2023, producto de armas de fuego; la calidad de la educación que se les está dando a las y los menores y el acceso a este derecho fundamental.

Adicionalmente, más allá de perfeccionamientos legales, se hizo hincapié en que se debe poner especial atención y evaluación a los fallos judiciales, en torno a la protección de menores y “disminuir que pasen a protección”.

Se indicó que se requiere del compromiso de todas las instituciones del Estado y se instó al Ejecutivo a poner “todos sus esfuerzos en entregar los recursos financieros necesarios, para la urgente y necesaria protección integral”.

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