El Alto Comisionado para la Paz pide al senado debatir con profundidad las objeciones al proyecto de la Ley Estatutaria para la JEP.

En Colombia, la figura del Alto Comisionado Para la Paz es un asesor del gobierno designado directamente por el Presidente de la República, que orienta al primer mandatario frente a acciones relacionadas con búsquedas negociadas de acuerdos para la paz

El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Antonio Ceballos, convocó al Senado de la República a que abra el debate en profundidad de las objeciones al proyecto de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), presentadas por el Presidente Iván Duque al Congreso.

El funcionario advirtió sobre los riesgos que implicaría quitarle facultades a su despacho para verificar los listados de acreditación de miembros de grupos armados ilegales en los procesos de paz.

En particular, manifestó su preocupación en el resultado de la depuración de unos listados de las Farc, en los que fueron hallados seis narcotraficantes de la región Pacífica.

En efecto, una de las seis objeciones presidenciales al proyecto de la Ley Estatutaria de la JEP, se refiere al vacío que se crea al quitarle esta facultad a su despacho.

“Si no se aceptan las objeciones por inconveniencia, presentadas por el Presidente, mi oficina quedaría en una especia de limbo”, lo que a futuro, “generaría muchos problemas en un eventual proceso con el Eln”, sostuvo el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

“De no tener claridad sobre la función del Alto Comisionado para la Paz para verificar la pertenencia a un grupo armado, quedarían vacíos que permitirían que oportunistas quisieran hacerse parte de las listas”, agregó el funcionario.

Por esta razón, Ceballos no solo exhortó al Senado a debatir a profundidad las objeciones, sino también a estudiarlas de “manera juiciosa una por una” y no en bloque, en razón a que “cada una tiene un sustento fundamental”.

Insistiendo en los defectos de la depuración, el Alto Comisionado señaló: “En octubre del año pasado obtuvimos información de que en las listas había ocho personas vinculadas al tráfico de drogas en la Costa Pacífica. Tomé la decisión de excluir a seis de ellos por el delito de narcotráfico. Se confirmó que las otras dos personas hacían parte de las Farc y le corresponde a la JEP definir su situación jurídica”.

Agregó que las seis personas excluidas de la lista no eran miembro de las Farc, sino  que pertenecían a grupos de narcotraficantes que se hicieron pasar como integrantes de Farc.

Explicó que de no aceptarse las objeciones por inconveniencia presentadas por el Presidente Duque, su oficina quedaría en una “especie de limbo”, lo que a futuro puede preverse, generaría muchos problemas en un eventual proceso con el Eln.

Finalmente, Ceballos concluyó enérgicamente: Si es la JEP la que tiene que acreditar si una persona es o no miembro del Eln y no el Ejecutivo, la JEP se convertiría en juez y parte”.

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz.