La Comisión de la Paz advierte que la violencia en Cauca y Valle pone en jaque las Elecciones 2026
Con la mirada puesta en las urnas, la persistencia de la violencia en departamentos como Cauca y Valle del Cauca genera un clima de incertidumbre. La escalada llega a pocas semanas de la primera vuelta presidencial, cuando la seguridad se perfila como el tema que dominará el debate político.
La Comisión subrayó que es imperativo garantizar la seguridad en los territorios para que el ejercicio democrático no se vea empañado por la coacción de grupos armados.
Un atentado con 14 muertos en el Cauca marca el inicio de una tensa campaña electoral. Expertos advierten sobre el fortalecimiento de grupos armados y su impacto en la política y la seguridad.
Los últimos días han dejado múltiples ataques contra fuerzas de seguridad y objetivos estratégicos en el suroccidente de Colombia, territorio históricamente atravesado por la presencia de grupos armados ilegales.
Estos ataques tienen una doble función, subraya Dickinson: «Mandar el mensaje de que ellos tienen la capacidad de perturbar» y generar «zozobra y terror en la población civil». Esta violencia, añade, «busca afianzar el control territorial y asegurar el acceso a economías ilícitas, en un contexto que se arrastra desde la firma del acuerdo de paz de 2016 y la posterior fragmentación del conflicto armado».
El presidente del Congreso Lidio García Turbay rechazó ante la plenaria del Senado los recientes atentados que han golpeado al Cauca y el Valle del Cauca.
Los calificó de «crimen atroz» y pidió a todos los senadores unidad por encima de las diferencias: “el dolor que siente el pueblo colombiano por esta situación. Solo le pido a Dios que proteja a los candidatos que aspiran a la presidencia de la República y que las autoridades brinden todas las garantías posibles para que este debate se pueda llevar de la mejor manera y que el pueblo colombiano pueda elegir de manera tranquila”.
La Comisión Legal de Paz y Posconflicto del Senado ha emitido un comunicado urgente rechazando los recientes actos violentos en el suroccidente colombiano.
Según el organismo, la intensificación de los ataques no solo victimiza a la población civil, sino que constituye una amenaza directa a la transparencia del calendario electoral de 2026.
El pronunciamiento señala que “estos actos violentos constituyen una grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, además de representar “una amenaza para la participación democrática, la estabilidad institucional y los esfuerzos de construcción de paz”.
Asimismo, la Comisión hizo “un llamado urgente a cesar la violencia y a garantizar que el debate democrático se desarrolle en condiciones de seguridad, respeto y tranquilidad para todos los colombianos”.
