La Senadora Blel resaltó que el Congreso tiene la oportunidad de resarcir el daño causado a los pensionados por la falta de información.
Con la participación del ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones, centrales obreras, Colpensiones y miembros de la academia, se realizó en la Comisión Séptima el foro “cambio de régimen pensional.”
En el foro se dieron a conocer diferentes aspectos de la iniciativa con la que se busca garantizar el traslado de afiliados entre Fondos de pensiones.
Durante el foro se presentaron a profundidad los alcances y efectos legales, financieros y sociales de la propuesta legislativa que plantea que los colombianos que estén a menos de 10 años para pensionarse puedan cambiarse de régimen si cumplen con los requisitos.
Los requisitos son: ser mayores de 52 años, para los hombres, o mayores de 47 años, para las mujeres, y haber cotizado un mínimo de 750 semanas.
Este beneficio actualmente está prohibido y podría favorecer a casi 500 mil colombianos.
Actualmente existen más de 34 mil procesos por parte de los colombianos que buscan trasladarse a otro régimen de pensiones.
“Con esta iniciativa el Congreso de la República tiene la oportunidad de brindarle a todos los colombianos que están a punto de pensionarse y que no contaron con la doble asesoría en el término establecido, el poder remediar una mala decisión tomada por falta de información”, sostuvo la Senadora Nadia Blel, ponente de la iniciativa.
El representante a la Cámara, Juan Carlos Wills, autor del proyecto de ley, indicó que con este proyecto se busca poder resarcir el error del sistema pensional que impidió que durante más de 20 años se tuviera acceso a una decisión informada.
“La gente no tenía información de dónde deberían tener sus intereses pensionales lo que ocasionó que miles acudan al aparato judicial para reclamar sus derechos”, expresó Wills.
Por su parte Maria Del Rosario Vásquez, docente Universitaria y Vocera de Movimiento “Con Las Pensiones No” afirmó que esta iniciativa es una reivindicación con las víctimas de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
“Durante muchos años hubo presiones y exigencias ilegales por parte de los empleadores para que los trabajadores se afiliaran o tomaran asesorías obligatorias con las AFP”, explicó.
La academia también respaldó la iniciativa, indicando que las cifras que están dando sobre el impacto fiscal que tendría el proyecto, que según MinHacienda, se estiman en 34,2 billones de pesos, se está haciendo bajo proyecciones, ya que no se sabe efectivamente cuántas personas se van a trasladar al fondo.
Iván Jaramillo Jassir, director del observatorio laboral de la Universidad El Rosario, señaló “por el contrario esta iniciativa sí corregiría la falta de acompañamiento en la toma de decisiones y la brecha de traslados sin regulación de doble asesoría específica, comprendida entre los años 1994 y 2014.”
Frente a esto, el jefe de la cartera de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera informó que, aunque es innegable el impacto fiscal de la iniciativa “existen cerca de 34 mil demandas interpuestas por los pensionados que terminan, en un 92%, fallando a favor de los demandantes” lo cual congestiona el sector judicial y genera un detrimento económico para el Estado.
