La falta de acceso y conocimiento de los medios tecnológicos por parte de los sujetos procesales, puede constituir una causal de interrupción del proceso.

A tal conclusión llegó la SCJ en la sentencia STC7284-2020
Radicación nº 25000-22-13-000-2020-00209-01.

La problemática surge tras una audiencia que debió aplazarse porque una de las partes comunicó las razones que impedían su realización, entre ellas, «las deficiencias tecnológicas en cuanto a conocimiento del manejo por parte del apoderado judicial que escribió la solicitud».

La reclamante agregó y adosó el respaldo respectivo, de que su mandante ni siquiera pudo participar en la «prueba de audiencia virtual» del 8 julio, por la falta de manejo en esos temas.

En ese contexto, la promotora sostuvo que «es desproporcionado e injusto que el juez decidiera hacer la audiencia y dictar sentencia, conociendo dos días antes [la solicitud de aplazamiento presentada por su apoderado]», como «la incapacidad y la imposibilidad tecnológica» que tuvieron para ingresar a la «audiencia». Añadió, que vivía en una finca en Villanueva (Casanare), donde no había internet.

La SCJ entendió que el apoderado judicial que no pueda comparecer a las «audiencias» «inicial y de instrucción y juzgamiento», por las causales contempladas en el numeral 2° del artículo 159 del estatuto adjetivo, y/o por otras que «le impidan honrar tal compromiso», podrá pedir su reprogramación, por tener tales eventos la virtualidad de «interrumpir el proceso»

Ahora, en estos momentos en los que a raíz de la pandemia generada por el Coronavirus Covid-19 las audiencias deben celebrarse, por regla general, de manera «virtual», la «falta de acceso y conocimiento tecnológicos» puede constituir «causal de interrupción del proceso», lo que dependerá de las condiciones de tiempo, modo y lugar de cada caso en concreto.

Es cierto que de tiempo atrás se viene hablando de las tecnologías de la información y las comunicaciones y que la Rama Judicial no ha sido ajena a las mismas.

Sin embargo, esos preceptos han cobrado eficacia sólo ahora, cuando en virtud de los riesgos que la presencia física genera, las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura y la necesidad de poner en marcha la «administración de justicia», por su carácter esencial, los jueces y usuarios se han visto precisados a recurrir a las «tecnologías de la información y de las comunicaciones» para ejercer todos sus actos, o al menos gran parte de éstos.

Pero para que el avance de la Litis pueda darse de esa forma, se exige la concurrencia de dos presupuestos:

i) Que los «servidores y usuarios de la administración de justicia» tengan acceso a los medios tecnológicos y,

ii) Que unos y otros tengan las destrezas para su empleo.

Por eso, el artículo 1° del Decreto Legislativo 806 de 2020, luego de contemplar que tiene por «objeto implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales (…)», consagra en su parágrafo, que «[e]n aquellos eventos en que los sujetos procesales o la autoridad judicial no cuenten con los medios tecnológicos para cumplir con las medidas establecidas en el presente decreto o no sea necesario acudir a aquellas, se deberá prestar el servicio de forma presencial, siempre que sea posible y se ajuste a las disposiciones que sobre el particular dicten el Ministerio de Salud y Protección Social, el Consejo Superior de la Judicatura, los Centros de Arbitraje y las entidades con funciones jurisdiccionales» (enfatiza la Sala).

De suerte la SCJ concluyó que, cuando se trata de realizar «audiencias virtuales» es fundamental que quienes deban intervenir en ellas tengan «acceso» y manejo del «medio tecnológico» que se utilizará a fin de llevarlas a cabo; de lo contrario, no podrán comparecer y mucho menos ejercer la «defensa de sus derechos».

Fuente: Fallo proferido el 13 de agosto de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la tutela que le instauró al Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá, extensiva a los demás intervinientes en el asunto n° 25899- 31-03-001-2017-00207-00.


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