Un paso más cerca de la legalización se encuentran cuatro millones de colombianos en asentamientos informales
Cuatro millones de colombianos que habitan asentamientos informales en zonas urbanas y rurales del país podrían obtener una salida jurídica definitiva a su situación.
La legalización de asentamientos informales en Colombia es un proceso de reconocimiento oficial de barrios desarrollados sin planificación, permitiendo su integración formal a la estructura urbana para garantizar servicios públicos y seguridad jurídica. El objetivo principal es la regularización, titulación de predios y el mejoramiento integral del hábitat, especialmente enfocado en viviendas de interés social.
La Comisión Tercera viabilizó el proyecto de ley 206 de 2025, que crea un mecanismo excepcional para formalizar territorios de origen informal en suelo rural y de expansión urbana.
Esto implica reconocer el barrio, aprobar planos, fijar normas urbanísticas y mejorar la infraestructura para elevar la calidad de vida de sus habitantes. Además, el asentamiento debe estar consolidado, presentar construcciones permanentes de vivienda, y no ubicarse en zonas de riesgo no mitigable, áreas de protección ecológica o áreas afectadas para el funcionamiento de la ciudad.
Así, la Comisión abrió paso, mediante una mesa técnica, a la ponencia del Proyecto de Ley 206 de 2025, que propone un mecanismo excepcional para incorporar y legalizar estos territorios, frenando además la especulación que históricamente ha agravado el problema.
“Es muy importante porque desde el Senado se contribuye a una solución, excepcional y por única vez, de uno de los problemas graves del desarrollo urbanístico de los municipios de Colombia, relacionado con la pobreza, la marginalidad y la exclusión”, dijo el senador Carlos Julio González, quien lideró a la reunión.
Se tuvo la presencia de funcionarios de los ministerios de Medio Ambiente, Vivienda, de la Federación Nacional de Municipios y de Departamentos, sumando visiones técnicas y territoriales para fortalecer un proyecto que busca el ordenamiento del territorio y el bienestar de los habitantes.
González, además ponente, calificó la iniciativa del senador Ferney Silva como de condiciones “humanizantes” desde la política pública: “Más de 4 millones de personas en Colombia viven en situación de alta vulnerabilidad”.
Busca dar una salida jurídica territorial y social a los asentamientos, pues es queja permanente de los mandatarios no poder invertir servicios y beneficios por su carácter informal, señaló.
La mesa de trabajo tuvo el propósito de avanzar en la construcción de la ponencia que próximamente será entregada a la plenaria de Senado.
“Propone la legalización y mejoramiento integral permitiendo llevar inversión pública, servicios básicos y seguridad jurídica a estas comunidades. Este proceso estará dirigido exclusivamente a asentamientos con más de 10 años de existencia, debidamente certificados, garantizando que se atiendan realidades consolidadas”, explicó González Villa.
El senador Carlos Julio González concluyó aclarando que no busca fomentar la ilegalidad, sino intervenir una realidad existente, con reglas claras, control institucional y medidas para frenar la especulación del suelo y el urbanismo ilegal.
