Silvia Pérez-Navarro, socia directora de Iterlegis Legal Staffing Solutions

El trabajo y el entorno del abogado, en su sentido más amplio (despacho, empresa o Administración Pública) tiene unas connotaciones específicas y diferentes a las de otros colectivos que hacen que quienes ejercen puestos directivos en él necesiten también de unas competencias y habilidades especiales, entendidas como aquellas características subyacentes de una persona que están causalmente relacionadas con un mejor o superior desempeño de su trabajo.

Tales competencias pueden ser de dos tipos: técnicas y de comportamiento. En cuanto a las técnicas, en el caso del abogado, serán los conocimientos y experiencia que haya acumulado a lo largo de los años en el ejercicio de su profesión, así como su capacidad de aplicar dichos conocimientos y experiencia adecuadamente a la resolución de los asuntos que se le plantean. Este tipo de competencias son las que tradicionalmente se medían en los despachos de abogados y en las empresas. La categoría de competencias de comportamiento, en cambio, ha empezado a tomarse en cuenta en los entornos jurídicos más recientemente, pero gana peso específico a gran velocidad.

¿Cómo medir las competencias de comportamiento? Esencialmente, de dos formas. Bien por un centro de evaluación, bien mediante una entrevista. El centro de evaluación utiliza la metodología de la observación, situando al candidato en situaciones simuladas similares a las que se enfrentaría en un cargo directivo. Por su parte, la entrevista consiste en formularle preguntas para que responda de acuerdo a sus experiencias previas, lo que sirve para “medir” su destreza en las competencias analizadas.

Y ¿cuáles son las habilidades que debe tener un abogado que ostenta un puesto directivo? En Iterlegis, tras años de análisis y experiencias prácticas, hemos dividido tales habilidades en cuatro categorías: generales; de gestión de personas; de resolución de problemas; y aquellas otras específicas del puesto desempeñado. Veamos cada una en detalle:

  • Generales: engloban aspectos como la capacidad para generar confianza a su cliente y a sus compañeros de trabajo; la resistencia al estrés; la orientación al cliente, cada vez más demandada y entendida como la capacidad de saber qué necesita su cliente y cómo puede resolverle el problema de la forma más eficaz; la energía; y la capacidad y el afán de seguir evolucionando como profesional.
  • Gestión de las personas: básicamente, comprendería el saber delegar, algo mucho más difícil de lo que puede parecer dado el perfil, normalmente perfeccionista y riguroso, que presenta un abogado; ser mentor de su equipo; y mediría de forma importante la inteligencia emocional del candidato (en brevísima síntesis, implica autocontrol de emociones, empatía con su equipo, asertividad y habilidades sociales). Este tipo de competencias es, sin duda, la gran asignatura pendiente del profesional de la abogacía en España. En mi opinión es, éste, el aspecto en el que, en general, queda más camino por recorrer en el ámbito de la abogacía en nuestro país.
  • Resolución de problemas: es, quizá, la competencia más conocida y aplicada por los abogados. Conlleva la toma de decisiones, la capacidad de juzgar distintas situaciones con perspectiva y de tomar la iniciativa en dicha resolución de problemas.
  • Como competencias específicas de la categoría de abogado, encontraríamos, en despacho, las habilidades comerciales para la captación de nuevos clientes. Por su parte, el director de Asesoría Jurídica en empresa debe tener un poder especial de convicción hacia los integrantes del negocio, siendo un “business partner” o colaborador en el desarrollo de la actividad empresarial, si bien alertando de los posibles riesgos legales.

Recientemente tuve oportunidad de formar parte del “I Foro de Mujeres Líderes Juristas”, organizado por la escuela internacional de negocios Aliter. Entre su audiencia se encontraban socias y asociadas senior de reconocidos despachos de abogados, directoras de asesoría jurídica de empresas relevantes y Abogados del Estado. Y fue, precisamente el tema de las competencias, uno de los que suscitó un mayor debate entre todas las allí presentes. No es fácil poner de acuerdo a un colectivo tan amplio y variado, y puedo confirmar que hubo total unanimidad en estar de acuerdo con que  los abogados con puestos directivos en despacho (socios y responsables de departamentos) y  los directores de Asesoría Jurídica de empresa, si bien comparten unas competencias directivas  comunes y directamente relacionadas con la profesión de abogado, deben cuidar especialmente aquellas que son más específicas de uno o de otro puesto, y a las que me he referido en esta tribuna.

Quisiera destacar también que en este interesante foro, otra de las opiniones comunes fue el hecho de que, si bien las competencias directivas de los abogados deben ser similares o las mismas para el hombre y para la mujer, sí hay una diferencia que estriba en la manera de desempeñarlas o aplicarlas, que es consustancial a cada género. Pero creo que esto puede ser tema de una futura columna.

 

 

 

 

 

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