Jornada de importante reunión en la capital de España y primer contacto que se sepa público, el que ha tenido lugar esta mañana,  entre el nuevo  consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, Salvador Victoria, y el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, celebrada en la sede madrileña de la Consejeria,  para conocer de primera mano la situación de los abogados madrileños y, especialmente del turno de oficio, servicio que atienden 4.000 letrados de nuestra comunidad.

Al término del encuentro, Victoria anunció la constitución de un grupo de trabajo bilateral “en el que se revisará la situación de la justicia gratuita y se estudiarán alternativas para garantizar el buen funcionamiento de la misma.

En este sentido, precisó que el grupo de trabajo, que empezará a funcionar desde el próximo lunes,  ahondará en la revisión y simplificación de los conceptos que se abonan a los colegiados y se avanzará en la agilización del proceso de concesión y denegación de la justicia gratuita para que los abogados no salgan perjudicados en caso de denegación de los casos y los madrileños que accedan a esa justicia gratuita sean realmente beneficiarios de la misma.

En el encuentro han tratado de las relaciones «fluidas» que debe haber entre ambas instituciones, de futuras líneas de trabajo desde una «lealtad y transparencia recíproca» y, sobre todo, de la situación del turno de oficio.

Victoria, que valoró el encuentro con Hernández-Gil como “muy positivo y satisfactorio”, recordó también el esfuerzo que la Comunidad de Madrid ha realizado en materia de Justicia Gratuita desde que asumiera las competencias en 2003 y por el cual  ha incrementado en un 80%  la partida destinada a esta materia, pasando de 9 a 50 millones de euros.

Alternativas y reformas

Respecto a posibles cambios que se puedan efectuar, comento el propio Consejero que pasarían por una revisión de los conceptos de los baremos que reciben los abogados del turno de oficio y por una agilización de los procedimientos para la concesión o denegación de la justicia gratuita a quien la solicita.

«El abogado de oficio no puede ser el perjudicado por la demora en la concesión o denegación» de este servicio, para lo que es necesario «agilizar» el procedimiento, subrayó a los medios informativos que cubrían dicha reunión

Para ello se emplearán herramientas informáticas que desarrolla el Colegio de Abogados a fin de que el periodo de concesión o denegación de la justicia gratuita sea «el menor posible» y los abogados no sean los perjudicados por la posterior denegación del servicio.

Desde principios de octubre, los abogados que ejercen las guardias del Turno de Oficio secundan una campaña de renuncia masiva de guardias promovida por la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTO).

La protesta se enmarca en los supuestos impagos de sus honorarios de 2012 y en la previsión de bajada de un 20% de sus tarifas, según denuncia ALTODO. Según datos actualizados por el colegio en su página web, un total de 784 abogados han renunciado a 901 guardias de las 4.082 turnadas.

Cierre de los SOJ

Horas antes de esta reunión al más alto nivel, La Comunidad de Madrid comunicaba al Colegio de Abogados la denuncia de los convenios que tenían suscritos ambas instituciones para la atención a los ciudadanos con menos recursos económicos, por lo que dejarán de prestarse a partir del 31 de diciembre de 2012.

Algunos de estos servicios venían funcionando de forma interrumpida, en sedes judiciales, desde hace más de 25 años, con el fin de garantizar el derecho de  defensa a los ciudadanos y realizando un apoyo constante a los  Órganos Judiciales.

Según datos proporcionados desde el ICAM, durante el años 2011 más de 163.000 madrileños acudieron a solicitar información y asesoramiento jurídico para conocer y hacer valer sus derechos ante los tribunales de justicia, garantizándose a través de los servicios de orientación jurídica el derecho de defensa y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Esta situación se grava aún más si tenemos en cuenta que el pasado mes de julio la Comunidad de Madrid dejó de prestar atención a los ciudadanos en las 27 oficinas judiciales que venían distribuidas por todo el ámbito de su competencia y que atendían a más d e40.000 ciudadanos al año.

Desde esta entidad colegial se señala que  la ruptura unilateral por la Comunidad de Madrid del convenio de orientación jurídica implica una dejación flagrante de las obligaciones legales que asume la Comunidad de Madrid en el proceso de transferencia de competencias y en su propia normativa, articulo 7 de Estatuto de Autonomía, que reconoce constituye objetivo estratégico de la Administración autonómica acercar al ciudadano servicios y proporcionarle ciertas prestaciones asociadas a los mismos como son la orientación jurídica de carácter gratuito.

Desde el ICAM se subraya que con esta decisión unilateral de la Comunidad de Madrid,  se incumple así una función pública de interés general especialmente obligada en una situación de crisis económica que incrementa dramáticamente las desigualdades entre los ciudadanos, en perjuicio siempre de los más necesitados, máxime cuando se trata de servicios a cuya prestación el Colegio de Abogados de Madrid ha venido contribuyendo generosamente, con los recursos de todos sus colegiados, en un ejercicio de responsabilidad social que va mucho más allá de sus obligaciones legales y estatutarias.

 

 

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