Por Esteban Ceca Magán, vicepresidente de Asnala y socio director de Ceca Magán Abogados.

Acaba de entrar en vigor la reforma laboral y ha sido el propio Sr. Ministro de Trabajo quien ha confirmado a diversos medios de comunicación, que la misma no creará empleo. Incluso que está programada no tanto para la creación de empleo, como para redistribuir más equitativamente el poco empleo de que España dispone. Recientemente, sus palabras eran confirmadas por el turco Dani Rodrik, catedrático de Economía Política Internacional de Harvard: “La reforma laboral no creará empleo en España”; decía, añadiendo que además “agota el crédito político”. Duras palabras de este prestigioso Nobel de Economía.

Por mi parte, el 24 de junio, en una tertulia televisiva me pronuncié en el mismo sentido que Rodrik lo haría el 28 del pasado mes. Es más; expresé que en mi opinión, la reforma laboral, ni era reforma, ni tampoco laboral. No es reforma (dije) por cuanto que no se altera sustancialmente ninguna institución jurídica básica de las múltiples de que consta el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Tampoco laboral, (insistí), porque de esa pléyade normativa que compone el Ordenamiento regulador de las relaciones laborales, apenas si se tocan mínimos datos y reducidos a ínfimas alteraciones. La reforma laboral, se ha dicho, ha sido como el parto de un ratón. Dos años largos de negociaciones para, al final apenas alterar unos artículos, unos párrafos, unas cifras, de preceptos muy contados y no básicos del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley de Procedimiento Laboral, de la Ley General de la Seguridad Social y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social.

Se conocía de antemano que un Pacto Social era imposible. Pero se tuvo el empecinamiento de dejar transcurrir un largo período, cuando otros países, con legislaciones laborales ya mucho más liberalizadas que la española, comenzaban la adopción de medidas de calado, para si no crear inicialmente empleo, sí al menos cortar una sangría de pérdida de puestos de trabajo que en el caso de España ha hecho que nuestra Nación, pase del respeto de todos y de ser considerada la octava potencia mundial, a campeona del desempleo, con cinco millones reales de desempleados, un 20,5% de la población activa y a constituirnos en un gran problema de la Unión Europea, el Espacio Común Europeo y la Eurozona.

Y es que ningún otro país puede tener a gala, lamentablemente, el riguroso control administrativo de España en materia de Despidos Colectivos; la inmiscusión sistemática del legislador y las Autoridades Laborales en el contrato de trabajo; el ínfimo grado práctico de ejecución del denominado poder de dirección del empresario y añadidamente, el que los denominados y cada vez más potenciados Convenios Colectivos de Sector sean estadísticamente responsables de la destrucción de más de un 25% del tejido empresarial. Pues difícilmente pueden regirse, ni tiene ello lógica alguna, por un mismo Convenio, una Compañía de 7.000 empleados en el País Vasco, otra de 300 en Getafe o un pequeño comercio en Roquetas de Mar, de 8-10 trabajadores, por pertenecer todos al mismo Sector.

Ni la masa salarial a repartir es la misma, ni el volumen de facturación, ni el grado de beneficios, ni el punto de partida y estabilidad empresarial, ni sus finanzas, ni nada, coinciden. Pero lamentablemente nada de ello contiene la reforma. Es más; pienso que dichas omisiones resultan voluntarias e intencionadas, para haber dado a luz una micro reforma completamente descafeinada que no ha abordado temas básicos. Se habla – sin conocimiento ni explicación alguna – en el preámbulo del Real Decreto Ley, de los sistemas austríacos y alemán de relaciones laborales, sin que luego en el texto normativo figure ni mención de los mismos. Se insiste – lo reitero – en que algo que resultaría obvio: que la reforma laboral se propusiera crear empleo, sean sus propios protagonistas quienes lo nieguen o se conformen con que a corto plazo no sea así; cuando dentro del presente año duplicaremos la tasa de paro de Europa y triplicaremos la de la Eurozona. No se homogeneízan ni las clases ni las cuantías indemnizatorias de los despidos.

Complicando más aún los colectivos objetivos, al plagarlos de conceptos jurídicos indeterminados, que las Autoridades laborales dificultarán en su aplicación práctica, cuando vayan a considerar desde ahora qué sean causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. No se potencia la autonomía de la voluntad. Se parte de un “desideratum” hoy por hoy inalcanzable: el contrato de trabajo por tiempo indefinido. Camino y deseo inalcanzables.

Un enfermo que se desangra necesita de inmediato una transfusión sanguínea, pero no una operación de cirugía estética. Pese a lo cual, se refuerza, casi se impone, el contrato por tiempo indefinido y a jornada completa, cuando los cinco millones de parados lo que desean es simplemente trabajar, que se les ofrezca un puesto de trabajo. Que lo lógico es que sea temporal, a plazo, por obra o servicio determinado, a tiempo parcial, etc. No indefinido.

Está demostrado que el contrato indefinido a tiempo completo, como los Convenios Colectivos de Sector, tras la actual gravísima crisis económica, son precisamente los dos mayores obstáculos para la creación de empleo. Pese a lo cual, se insiste en ambas instituciones, ahora. De inmediato. Tiempo llegará en que ello resulte posible y consiguientemente deseable y factible. Pero no hoy, ni probablemente en los próximos 2-3 años.

A una persona que a fin de mes no puede comer ni un bocadillo, por falta de recursos, no debe el Gobierno pensar en llevarle a un restaurante de lujo, sino permitirle seguir con ese régimen alimenticio rudimentario, pero favorecido con un contrato que poco a poco le vaya permitiendo por sí mismo, elevar el número de sus calorías y la calidad de su nutrición. Progresivamente.

No se ha hecho así, para nada, en la reforma: ni se tocan las pensiones; ni se homogeneízan los contratos; ni se equilibran las indemnizaciones por despido; ni se alteran las cuantías y períodos de desempleo; ni se liberalizan las relaciones laborales; ni se permite que empresario y trabajadores pacten libremente entre sí sus respectivas condiciones contractuales; ni se hace uso del espléndido artículo 1.255 del Código Civil, sobre este último asunto; como tampoco se abarata el despido, uno de los de mayor coste del mundo y verdaderamente desincentivador de cualquier nueva contratación por empresarios ya lastrados por unas altísimas cotizaciones de seguros sociales, una falta de productividad laboral endémica, unas materias primas más costosas cada día y una desatención gubernamental, por ejemplo, en materia de importaciones y exportaciones, verdaderamente alarmante. En definitiva, se han venido abajo todas las expectativas.

Ya resultó una ineludible responsabilidad que el Gobierno, en lugar de proceder a una liberalización inmediata de las relaciones laborales, se despreocupase de sus “indelegables responsabilidades” para trasladarlas a una Mesa de Negociación que desde su constitución, todos conocíamos condenada al fracaso. Si en otros múltiples temas básicos, ni éste, ni precedentes Gobiernos lo han hecho (ahí están los fracasos de Felipe González en el año 1.984 frente a los Pactos de la Moncloa, capitaneados por el profesor Fuentes Quintana) ¿por qué se ha actuado así ahora, con casi cinco millones de parados?. Y si a lo largo de la pseudo-negociación, lo que se ha buscado es ganar tiempo, ¿ha tenido ello justificación ante el vertiginoso crecimiento del paro, la deflación, al atonía del consumo, el desplome inmobiliario, el hermético cierre de los ciudadanos al crédito bancario, etc., etc.?. ¿Se pensaba que desde fuera se nos iba a resolver el problema?. ¿Por sí solo?. ¿Por la Unión Europea?.

¿Cómo se concibe entonces la reforma laboral que tenemos ya en vigor y que al final a nadie contenta, ni servirá para crear empleo?.

A todos nos preocupa sin embargo, lo contrario. Que tras los empleos temporales del verano y los básicamente vinculados a las vacaciones, esos contratos vayan extinguiéndose y tengamos un nuevo ascenso del paro en el último trimestre de 2.010.

¿Van en ese caso los empresarios a contratar a empleados por tiempo indefinido y a jornada completa?. Pienso que no. ¿Van a acudir a Expedientes de despidos colectivos?. Estimo que tampoco. Lamentablemente, incluso tras la reforma laboral, es mucho más fácil despedir improcedentemente a un trabajador, que conseguir su traslado de centro de trabajo en pro de una mejora de la productividad. Con lo que a todo lo anterior, debe añadirse el efecto pernicioso que la reforma laboral sigue tolerando: la reconversión en despidos singulares improcedentes e indemnizados, lo que no son sino puros ERE’s, despidos colectivos o traslado en bloque de centros de trabajo.

Y en una enorme dosis de irresponsabilidad, eso viene impuesto por el férreo control que los Convenios en general, y los de sector principalmente, ejercen sobre todas y cada una de las empresas sujetas a su ámbito personal y funcional.

En la dicotomía convenio versus contrato o viceversa, con la sangría actual del paro, el abultado déficit público y el sentirnos señalados con el dedo acusador de toda Europa, conociendo que ni en Portugal, ni en España se va a reproducir el ejemplo de las ayudas a Grecia, la primacía debería, sin duda alguna, haberse concedido a la autonomía de la voluntad. En el ejemplo señalado: primacía de la voluntad versus convenio.

La proximidad personal, institucional y jurídica en general, que hoy se requiere entre empleador y empleado, jamás la va a otorgar ningún Convenio Colectivo de Sector. A lo sumo, de empresa. Y si el conjunto de trabajadores desconfiase de ese esquema, aun cuando no sea más que por el enorme número de años en que las relaciones laborales han pivotado sobre los Convenios de Sector, ahí están los pactos a término extra-estatutarios, de eficacia limitada, que puedan ir acompasándose, empresa por empresa y con los respectivos representantes legales de sus trabajadores, hasta que la situación de normalidad laboral se reinstale.

Que difícilmente se conseguirá antes del resurgir de la economía y de la confianza de los inversores, la reestructuración financiera, nacional y europeo-norteamericana, y el restablecimiento de la confianza de todas las Instituciones Oficiales de la UE, en el actual Gobierno de España.

Cuando el 10 de marzo de 1.980 se aprueba el primer texto del Estatuto de los Trabajadores, sus redactores se dejaron llevar más por razones ideológicas y sociológicas, que rigurosamente jurídicas. Era necesario (se consideraba indispensable); instaurar una nueva norma global sobre el mundo del trabajo que, siendo rupturista con el pasado (con el Régimen político precedente), también incidiera en el continuismo, para evitar cualquier trauma a nivel nacional con las Centrales Sindicales recientemente legalizadas.

Se trasladó así al ámbito del Estatuto de los Trabajadores el mismo esquema que estuvo flotando, a superior nivel, en quienes redactaron el proyecto de Constitución Española. Todos recordamos la manida frase de si en nuestra Nación se instauraba, restauraba o reinstauraba la Monarquía parlamentaria.

Pero en el ámbito laboral había muchos temas que los Sindicatos no dejarían escapar ni consentir hacer desaparecer del Texto estatutario: garantías sindicales exorbitantes, la institución en número desmesurado de los desde entonces conocidos liberados sindicales, expedientes sancionadores contradictorios y sobre todo, años después, la promulgación, con carácter de Ley Orgánica, de la nº 11/1.985, de Libertad Sindical. Esa fuerza que los sindicatos consiguieron “ab initio” no sólo no se ha mermado, sino que ni se ha pensado nada al efecto, cuando hoy, el número de liberados sindicales alcanza un coste económico para las empresas, sencillamente imposible de asumir en muchos supuestos; en todos va en detrimento de la productividad. Pero lamentablemente llegó el Texto Refundido del vigente Estatuto de los Trabajadores, del año 1.995 y todo quedó igual.

Como iguales han quedado todas sus prebendas, en la reforma laboral, pese a la gravísima crisis económica que por sí sola hubiera forzado a revisar este asunto, incluido el de la eliminación de las dotaciones presupuestarias a las organizaciones empresariales y a los sindicatos por su falta de autofinanciación; y cuyo déficit económico resolvemos con nuestros impuestos todos los españoles.

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Los convenios colectivos, como institución, se han quedado completamente obsoletos en la regulación que de los mismos establece el Estatuto de los Trabajadores. Permaneciendo como unos textos normativos que han ido copiando a los precedentes y que, apenas si se han alterado en sus elementos esenciales desde la primitiva Ley de 24 de abril de 1.958.

Ya el propio Título III del Estatuto laboral no deja de ser un pleonasmo carente de sentido incluso no ya jurídico, sino simplemente gramatical, cuando bajo el mismo epígrafe incluye “la negociación colectiva y los convenios colectivos”. Pues todo es lo mismo. Y, desde luego, el legislador no regula en qué consista esa “negociación colectiva” que parece marginar y separar de “los convenios colectivos”. Valga como prueba fehaciente, el que el primer artículo de dicho Título III, el 82, se apertura bajo la identificación de “concepto-eficacia” del Convenio Colectivo. Regulando luego los preceptos 83 a 92, cuanto atañe a las Unidades de negociación, concurrencia de convenios, contenido, vigencia, legitimación para negociar, Comisión Negociadora, tramitación, validez, aplicación, interpretación, adhesión y extensión.

De todo ello, de lo que la mini-reforma no dice ni una sola palabra, a mi entender sobra en el Estatuto de los Trabajadores, como de todo su Texto en general, no menos del 70-80%. Pues la capacidad de negociación, las materias, en definitiva lo que resulta básico de cada Pacto colectivo, viene ya impuesto por el legislador. De modo tal que los Convenios, sobre todo los de empresa (contra los que progresivamente los sindicatos presionan hasta tal punto que los harán desaparecer como unidades de contratación), apenas si se limitan ya a meros pactos retributivos, con enorme dificultad, convenio a convenio, para hacer uso singularizado de las denominadas “cláusulas de descuelgue”. En todo caso, la libertad de negociación empresario-trabajadores de su empresa, sencillamente va en declive, cuando precisamente resulta más necesaria que nunca por las circunstancias económicas y de desempleo por los que atravesamos.

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He tratado de buscar una lógica a este palmario desatino, y creo haberla encontrado: la no pérdida del corporativismo existente en los Sindicatos, reacios a la pérdida no ya de los derechos de los trabajadores, sino prioritariamente de sus propias prebendas. Que gráficamente mantienen en las Unidades de contratación, en la legitimación para negociar, en el contenido mínimo de los convenios que el Estatuto impone, en la perdurabilidad de la nefasta institución de los liberados de trabajo en los porcentajes que en España existen (los más altos de toda Europa), y en la institución misma de las Comisiones Paritarias; órganos que permiten una actividad sindical no sólo continuada de las Centrales Sindicales durante la vigencia pactada de todo el Convenio, sino incluso en la denominada situación de “ultraactividad” (de incomprensible no desaparición) o en la prórroga de un Convenio hasta que se sustituya por el siguiente. Si frente a todo ello, se diese auténtica libertad de contratación, a cada empresario con sus propios trabajadores, incluso uno a uno y persona a persona, estoy convencido de que la mal llamada negociación colectiva iría por unos derroteros radicalmente diferentes, donde las empresas pudiesen recobrar el verdadero Poder de Dirección de las relaciones laborales con sus empleados, y las Centrales Sindicales no pasarían del status que hoy por ejemplo mantienen en los países más prósperos de Europa y de mayor nivel de vida, económica, financiera, familiar y profesionalmente, además de en materia de beneficios sociales de los empleados y prestaciones públicas de los Gobiernos.

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