El Dictamen señala que “la trascendencia del contenido del Anteproyecto, en el que se ven afectados derechos y libertades de primer orden, aconsejaba no abordarla con precipitación” y “requería un proceso de elaboración sustentado en el análisis de la experiencia de los últimos años, y, sobre todo, canalizado sin premura a través de instrumentos de diálogo”.

No obstante, en términos generales la opinión del CES sobre la iniciativa del Gobierno es positiva, porque por primera vez se incorpora en el articulado de la ley “el compromiso de mantener una política integral y multilateral de inmigración (…) que responde a los principios que fueron pactados en el ámbito del diálogo social”.

La institución recuerda en el dictamen la obligatoriedad de modificar algunos artículos del redactado actual de la Ley porque fueron declarados inconstitucionales por el Alto Tribunal, y se centra en las propuestas del Gobierno no relacionadas con estas sentencias.

En este sentido, el CES afirma ser “consciente de que el desfavorable contexto socioeconómico y sus posibles repercusiones en términos de empleo y protección social, han pesado también en la voluntad del Gobierno a la hora de abordar esta serie de cambios” que “articulan una opción en la orientación de la política migratoria” al introducir principios como el de ‘capacidad de acogida’ o ‘ejercicio progresivo de los derechos’ en función del tiempo de residencia.

En el apartado de las recomendaciones, el Dictamen recoge la necesidad de “fortalecer y agilizar los canales de inmigración laboral regular que son necesarios para cubrir las demandas de contratación en España” a partir de la contratación en origen para evitar que entren en el país más inmigrantes sin contrato de trabajo que con contrato.

Para ello, el CES “considera fundamental” que se mejore la “transparencia” en la gestión de los datos relativos a la administración de flujos migratorios y propone para ello la creación de una base de datos única y de registros estadísticos públicos y un refuerzo de los Servicios Públicos de Empleo.

El dictamen señala las “dificultades” para que los inmigrantes en situación irregular ejerzan los derechos de reunión, asociación y sindicación reconocidos por el Tribunal Constitucional y pide que se tenga en cuenta “el desarrollo de las condiciones específicas para el ejercicio” de los mismos.

El texto aprobado por el Pleno del CES hace algunas consideraciones técnicas como algunos problemas de precisión en la norma acerca del carácter orgánico o no orgánico de determinados artículos, y pide la oportunidad de pronunciarse en la elaboración del Reglamento que desarrolle la futura Ley.

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