Comienza el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, señalando en su Exposición de Motivos: “La evolución de la crisis económica global y su impacto en la economía española hacen necesaria una rápida reacción legislativa para adecuar a la nueva situación alguna de las normas que inciden directamente sobre la actividad empresarial […]”.

Este párrafo transcrito literalmente, da una idea clara de que su aprobación responde al objetivo de proporcionar una respuesta rápida y efectiva a la situación socioeconómica actual, ampliando su efecto beneficioso incluso a procesos concursales en curso.

Así, esta reforma trata de adecuar la vigente Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, a la especial situación por la que atraviesa actualmente la economía, dado que se aprobó en un contexto de bonanza económica, en el que el objetivo principal era dar solución a problemas jurídicos planteados por la regulación anterior, derivados, entre otros, de la multiplicidad de procedimientos (v. gr. quiebra o suspensión de pagos), la falta de coherencia del conjunto normativo, etcétera.

Sin embargo, tal y como plantea la Exposición de Motivos señalada, la vigente Ley se ha visto desbordada en sus apenas 4 años de vida por las circunstancias socioeconómicas actuales, demostrándose la necesidad más que perentoria de abordar una reforma rápida. Así, con ella se trata de responder a los problemas que han ido poniéndose de manifiesto en su corta vida, así como el actual contexto de crisis económica que desborda todas las previsiones contenidas en la vigente Ley Concursal.

En todo caso, para estudiar mejor la reforma aprobada, es fundamental entender el contexto jurídico en el que surge, de ahí que sea necesario repasar brevemente los problemas que han motivado su origen, esto es:

1 – Complejidad de los trámites que conforman el procedimiento concursal;

2 – Existencia, en la práctica, de plazos de tiempo excesivamente largos;

3 – Procedimiento desproporcionadamente costoso, que puede llegar a consumir el escaso activo que mantuviera la empresa;

4 – Excesivo control judicial de todos los actos de trámite llevados a cabo y, en particular, los convenios a los que pueda llegar el deudor con sus acreedores.

Por lo tanto, es en este contexto que surge la reforma mencionada, entrando en vigor el pasado 1 de abril, si bien plantea diversas disposiciones transitorias con objeto de que pueda ser aplicable retroactivamente, en determinadas circunstancias, a procesos que se encuentren actualmente en trámite.

Así pues, la reforma de la Ley Concursal se fundamenta en los siguientes pilares:

a – Facilitar la refinanciación de las empresas, bien mediante la ampliación del crédito disponible o mediante la modificación de las obligaciones asumidas, siempre respondiendo a un previo plan de viabilidad realista por parte del deudor;

b – Agilizar los trámites procesales, con el objeto de evitar, en lo posible, que una excesiva duración del proceso produzca una degradación progresiva de la situación financiera de la empresa. Este objetivo se demuestra claramente en 3 modificaciones introducidas: i) la ampliación del ámbito de aplicación del procedimiento abreviado a las empresas cuyos pasivos no excedan de 10 millones de Euros (de hecho, la mayoría de las concursadas en España), ii) la admisión de la tramitación por escrito de ciertos actos que hasta ahora exigían vista judicial y, iii) la liquidación rápida de las empresas con clara inviabilidad financiera;

c – Eliminar, o al menos reducir, los costes de tramitación del proceso, a través de la introducción de ciertas medidas tales como la ampliación del procedimiento abreviado, la gratuidad de la publicación del concurso en el BOE, o la revisión del sistema de retribución de los administradores concursales, quienes, además, deberán correr con los gastos de los expertos independientes;

d – Mejorar la posición jurídica de los trabajadores de empresas en crisis, admitiendo la posible solicitud de nuevos EREs hasta la declaración del concurso, así como la posibilidad de extinguir contratos laborales una vez éste sea declarado;

e – Creación del Registro Público Concursal a través de Internet, que dotará de mayor transparencia y seguridad jurídica a las partes intervinientes en el mercado.

Como puede observarse, todas las medidas comentadas persiguen cambiar la percepción negativa que el mundo empresarial tiene de la figura del concurso, planteándolo como un recurso puesto a disposición de las empresas en crisis, con objeto de conseguir su continuidad en el tiempo, haciendo efectivo el pago a los acreedores. Claro ejemplo de esta idea que informa toda la reforma de la Ley, es la oportunidad que se ofrece al deudor de comenzar negociaciones con sus acreedores, una vez se encuentre en estado de insolvencia, sin necesidad de tener que esperar a la declaración del concurso, de manera que si consigue la adhesión de cierto porcentaje de acreedores a su propuesta anticipada de convenio, no se vea abocado a solicitar el concurso voluntario.

A mayor abundamiento, la “búsqueda” de la viabilidad de la empresa, lleva a protegerla de posibles acciones contraproducentes que provengan de los propios acreedores, de manera que si estos incumplen cualquier tipo de contrato que pudiera poner en peligro esa viabilidad, el Juez podrá llegar a calificar sus créditos como subordinados.

Como conclusión es importante señalar que todas las reformas de la Ley Concursal que puedan aprobarse ahora o en el futuro, no servirán de nada si no se las acompaña de los medios necesarios para llevarlas a cabo, con objeto de que puedan desplegar todo su potencial.

Susana Flores Hdez.-Vaquero

Asociada de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados

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