Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) piden el endurecimiento de las penas, el refuerzo de la responsabilidad penal de las empresas y la vinculación de beneficios penitenciarios a la reparación del daño económico con la finalidad de que las decisiones públicas respondan al interés general, tras analizar las 84 medidas para combatir la corrupción recogidas en el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda enmarcan este proyecto de ley, junto con la ley de Lobbies y la mejora de la transparencia, en el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción anunciado por el presidente del Gobierno en julio del pasado año.
GESTHA destaca la exigencia a organismos y entidades de contar con un sistema de cumplimiento o de integridad, así como el endurecimiento de las multas de los cinco a los diez años a las empresas condenadas por corrupción, la prohibición de contratar con el sector público que será automática pasando de un máximo de 15 a 20 años, y se incluirá en un registro público y accesible.
En particular, con el proyecto de ley las multas a empresas por cohecho se duplican, las penas del tráfico de influencias pasan de 1 a 4 años de condena con prohibición de contratación pública hasta 10 años, y se crean dos nuevos subtipos agravados del delito de obstrucción a la justicia cuando afecte a investigaciones de corrupción.
También se exigirá una auditoría externa a los partidos políticos y sus fundaciones que perciban más de 50.000 euros en fondos públicos, y se reduce drásticamente el umbral para publicar las donaciones, pasando de los 25.000 euros actuales a 2.500 euros.
No obstante, GESTHA reclama equiparar las nuevas penas por cohecho a las empresas condenadas por corrupción en transacciones internacionales, extender la prohibición de contratar con el sector público a delitos de prevaricación administrativa o el fraude de funcionarios.
Nueva Agencia de Integridad Pública
GESTHA venía planteando la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública como institución central para coordinar la lucha contra la corrupción.
El proyecto de ley integra en la nueva Agencia a la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad del Informante y el Servicio de Coordinación Antifraude, con una presidencia con rango de Secretario de Estado cuyo nombramiento contará con el refrendo de la mayoría simple del Congreso para un mandato único de seis años.
En particular, los técnicos del Ministerio de Hacienda reclaman que la Oficina de Conflictos de Intereses lleve un Registro público de Grupos de Interés para conocer la identidad de los lobistas y sus relaciones con los responsables públicos, cuya inscripción en el registro podrá revocarse en los casos más graves.
En este contexto, respaldan un acuerdo parlamentario que acelere la tramitación de la ley de los ‘lobbies’ y prohíba las “puertas giratorias” para garantizar el interés general.
GESTHA considera que el principal problema es la insuficiente transparencia en las relaciones entre grandes sectores económicos y responsables públicos. Mientras los técnicos proponen un Registro de Grupos de Interés obligatorio y prohibir el ‘lobby’ a ex altos cargos durante los dos años siguientes a su cese, las alegaciones presentadas denuncian que el Anteproyecto del Gobierno no hace ninguna referencia a las “puertas giratorias” ni a una regulación rigurosa de estos grupos de influencia.
La lucha contra el blanqueo de capitales
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado otro proyecto de ley que incorporará a nuestra normativa la sexta directiva antiblanqueo y la directiva que facilita el acceso a los registros de cuentas bancarias.
Estas directivas forman parte del paquete antiblanqueo de la Unión Europea que el 10 de julio de 2027 finaliza el plazo general de transposición, salvo para poner en vigor los registros centrales de titularidad real y su acceso, previsto para este mes de julio.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda recuerdan que el paquete europeo incluye tres reglamentos UE de aplicación directa, entre cuyas medidas clave está el control en la transmisión de la propiedad de participaciones de una entidad jurídica, prohíbe a las sociedades emitir acciones al portador, y permite realizar comprobaciones e inspecciones in situ en los domicilios sociales de las entidades para determinar la titularidad real.
De este modo, los técnicos no ven que se diluya la lucha contra el blanqueo por sustituir la escritura pública notarial por documentos privados electrónicos para la transmisión de participaciones sociales, sino que quedan bajo el escrutinio de las normas antiblanqueo, mediante un Control de Diligencia Debida activando medios de identificación electrónica de confianza cualificados, con independencia del importe de la operación que debe registrarse en un plazo de 28 días naturales.
