Pero los magistrados no se dirigen únicamente al autor de esta denuncia. Del texto se deduce un aviso a navegantes: ya está bien de que los políticos diriman en los tribunales -ya bastante sobrecargagos- disputadas políticas.

El ex concejal del PA José Antonio Valero denunció la presunta apropiación de algo más de 300 euros que, según afirmaba, Rodríguez de la Borbolla había sacado de la cuenta bancaria de una empresa municipal denominada Explotaciones Agrícolas de Cazalla.

El auto dice que la disputa política «puede y debe dirimirse en la palestra política».

El juzgado de la localidad archivó la denuncia por falta de pruebas y la Sección Primera de la Audiencia afirma que «no hay indicios delictivos, por más que el querellante se empeñe en lo contrario».

«Lo que subyace debajo de esta denuncia, y otra que se entrecruza, es un comprensible enfrentamiento de carácter político, que puede y debe dirimirse en la palestra política pero nunca tratando de criminalizar conductas del oponente carentes del menor tinte delictivo», dice la Audiencia.

El denunciante, en el momento de presentar su querella, era concejal de Cazalla y presidente del consejo de administración de dicha sociedad municipal, y aseguró al juzgado que Rodríguez de la Borbolla, «atribuyéndose unas facultades que no posee, en un momento dado ordena al Banco Santander la cancelación de determinada cuenta corriente de la empresa en cuestión».

No obstante, del informe emitido por el banco y de las declaraciones del denunciado «se deduce inequívocamente que no existe indicio delictivo alguno», dice la Audiencia, quien añade que hubo «una orden al banco, posiblemente irregular, pero nada más».

Para que pueda hablarse de delito de apropiación indebida es requisito que «exista un desplazamiento patrimonial a favor del sujeto activo del delito y en perjuicio de la víctima», lo que en el presente caso «no existe, no ha existido nunca y nunca ha sido intentado».

Concluye la Audiencia diciendo que «los fondos de la cuenta corriente continúan depositados en el banco, de donde nadie ha intentado retirarlos», por lo que «no son precisas más consideraciones para rechazar el recurso».

El abogado del ex alcalde, Manuel Portero, ha informado de que, tras el archivo definitivo de la denuncia penal, Valero ha sido a su vez incriminado por un presunto delito de denuncia falsa, por la que ha sido citado a declarar como imputado en el juzgado el próximo mes de septiembre.

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