Desmantelamiento del Estado del bienestar y precariedad de la justicia

Por Julio Planell , abogado en el bufete Planell Falcó

Hacia el año 1986 España ingreso en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, y todos estábamos convencidos de que eso era algo así como una formula mágica que ayudaría enormemente al progreso de nuestro país. Con la pertenencia a la Unión Europea nos llegaron los fondos de cohesión, que nos permitieron hacer grandes infraestructuras, por el contrario se menoscabaron, al parecer, sectores económicos como la agricultura, la ganadería y la pesca; y fue implantándose paulatinamente una industria muy potente, la relacionada con el bum del “ladrillo”, que estuvo álgida hasta el 2008. Hasta ese año, en España, prácticamente no había paro, la gente mantenía un poder adquisitivo alto y los bancos daban créditos, con suma facilidad para comprar pisos. He aquí que la “burbuja inmobiliaria” se pinchó, la gente perdió su trabajo, apoyado por recientes reformas laborales que facilitan los despidos colectivos, los denominados “ERES”, que en los últimos meses se han multiplicado más del doble, gracias, en gran parte, a las últimas reformas laborales, que por cierto una de ellas está en el Tribunal Constitucional, para dirimir si se ajusta o no a la Constitución. Las últimas reformas laborales han afectado ya a la Administración Pública, y así los empleados públicos laborales, en determinadas circunstancias pueden ser sometidos a un “ERE”, y despedidos con una precaria indemnización.

Ante el galopante incremento del paro, resulta que la Unión Europea, parece ser, que inyecta, del fondo europeo, sufragado con nuestros tributos, grandes sumas de dinero a los bancos, a un interés que se rumorea es del 1%, y los bancos, sobre todo los que fueron primero cajas de ahorro, con dicho dinero compran deuda pública española, que les genera un interés en torno al 6 o 7 %, o sea que con el dinero proveniente de la U.E., en realidad de nuestros tributos, los bancos tienen, presuntamente, sin arriesgar nada, un beneficio superior al 4%, sin que les llegue apenas crédito a los pequeños empresarios y emprendedores. Y, como paradoja, esos bancos que, al parecer han sido, por decirlo de alguna manera rescatados con dinero de los contribuyentes, han desahuciado por doquier de sus casas a los ciudadanos que obtuvieron un préstamo para comprar su vivienda, y que ahora no pueden pagarlo, por encontrarse en paro, amén de tener que seguir pagando el préstamo de la casa que han perdido. Y frente a ello, el Gobierno, primero, tan solo reguló, respecto de la dación en pago, una norma que podemos tildar como “Código de Buenas Prácticas”, que es de adhesión voluntaria por los bancos. Con ello, apenas se han minorado los desalojos, que se cuentan ya por miles, incumpliéndose la máxima constitucional de que “todos tienen derecho a una vivienda digna”. El problema es de tal magnitud que incluso miembros del Consejo General del Poder Judicial han emitido un informe tendente a cambiar la Ley, que al parecer data de los albores del Siglo XX, y razón deben tener, por cuando en fecha 14 de marzo de 2013, desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala 1ª, en el asunto C-415/11, en controversia suscitada entre el ciudadano-versus consumidor, Mohamed Aziz y la mercantil CatalunyaCaixa, el citado TJUE le da la razón a dicho consumidor, en relación con las cláusulas abusivas de los contratos de préstamo para compra de vivienda, instándonos a cambiar la legislación española respecto de los desahucios de viviendas. Hecho que se ha producido en virtud de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Por si todo lo relatado fuera poco, con la excusa del control del déficit, nuestros gobernantes, han subido los tributos, entre ellos el IVA que encarecen algunos productos de primera necesidad y restringen el consumo, han efectuado recortes en educación, sanidad y justicia, tres pilares básicos de nuestra sociedad. Sin medios educativos un país no próspera, por cuanto se merma la formación, en sanidad se impone el copago, y, al parecer, se pretende privatizar algunos centros sanitarios, y respecto de la justicia, es sabido que los tribunales están saturados de trabajo, y se trabaja en precarias condiciones, sin olvidar que, en diversas ocasiones se tiene que echar mano de jueces sustitutos, que no son profesionales, lo que merma la calidad de la justicia, incidiendo, además, en su lentitud. Por si ello fuera poco, resulta que por Ley 10/2012, de 20 de noviembre, se regulan determinadas tasas en la Administración de Justicia, modificada por Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, con un fuerte incremento de tasas para acceder la justicia, lo que encarece los procesos, y merma la tutela judicial efectiva, y, presuntamente, nos veremos abocados a una justicia para ricos y otra para pobres.

Entiendo que con rápido consenso de todos nuestros políticos, y aplicando el sentido común, todos estos problemas se pueden solucionar, y deben solucionarse, con suma rapidez, si no queremos vivir en un estado del bienestar totalmente desmantelado.