Pepe MartínezEl pasado viernes 30 de mayo, tras recibir el correspondiente informe del Ministro de Justicia D. Alberto Ruíz-Gallardón, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de la nueva Ley del Código Mercantil.

Con la remisión al Congreso del que será ya “proyecto de ley” para su tramitación parlamentaria, se iniciará un camino que pretende finalizar con la sustitución de la regulación actualmente vigente -que como sabemos data de 1885- por una más adecuada a la realidad económica y comercial del país.

El ministro Gallardón, en la posterior comparecencia pública ante la prensa, señaló que los objetivos que se persiguen con la nueva regulación consisten en “hacer efectiva la unidad de mercado” y “otorgar una mayor seguridad jurídica a las actividades comerciales”, situando a estos como los pilares fundamentales del anteproyecto.

Con respecto al primero de los mencionados pilares, el Gobierno pretende asegurar una verdadera unidad de mercado mediante una interpretación extensiva del concepto de “mercantilidad” de las actividades económicas, evitando así –al ser la legislación mercantil competencia exclusiva del Estado-, que las Comunidades Autónomas creen agravios comparativos en los distintos territorios. Habrá que esperar, en caso de que finalmente se apruebe así el proyecto, a la respuesta de las Comunidades Autónomas y en su caso, del Tribunal Constitucional.

En relación con el segundo de los pilares y a la luz de una primera lectura del texto del anteproyecto finalmente aprobado, no es preciso esperar mucho tiempo para apreciar que ya se plantean evidentes dudas al respecto de la consecución de este segundo objetivo. No cabe duda de que, en la eterna batalla que la libertad y la seguridad libran en la balanza de la justicia, erigirse en paladín de la seguridad jurídica puede constituir una posición extenuante y complicada, puesto que la realidad del mundo de los negocios supera con rapidez, osadía y creatividad a la capacidad legislativa de los Estados, incluido el nuestro. Por lo tanto, cabría esperar del legislador que dotara de un claro marco de seguridad jurídica a aquellas figuras jurídicas existentes al momento de su promulgación, y que viven en la “atipicidad” desde hace demasiado. Y algunas de ellas tan en vigor como el contrato de distribución.

A diferencia del borrador del texto del anteproyecto con el que la Comisión de Codificación venía trabajando –y que contenía un buen puñado de artículos reguladores del contrato de distribución (de contenido legal opinable, pero de contenido legal a fin de cuentas)-, el texto finalmente aprobado por el Consejo de Ministros carece de regulación legal para el contrato de distribución.

La distribución de bienes es pieza clave en el comercio moderno. Todo empresario debe, por excelente que sea su producto, procurarle la mejor salida al mercado a través de los distintos canales de venta, instrumentando estas relaciones mediante distintos contratos. Entre estos contratos se encuentra, sin duda en una posición preeminente, el contrato de distribución.

Sorprende por tanto que el contrato de distribución permanezca aún a día de hoy entre los denominados “atípicos” o carentes de regulación legal, y que el legislador deje escapar semejante oportunidad como la que ahora se le presenta.

Parece fuera de toda duda que la regulación legal del contrato de distribución es un asunto espinoso que ningún gobierno se atreve a abordar de forma decidida. La explicación quizá habría que buscarla en la decidida negativa de ciertas patronales sectoriales de gran importancia en la economía nacional a que se legisle al respecto, puesto que temen perder una posición que consideran ventajosa respecto de la que tendrían si tal regulación se produjera.

El anterior Gobierno socialista, que dispuso del tiempo necesario para el desarrollo de un proyecto de ley en esta materia, prefirió no afrontar el asunto hasta encontrarse en ciernes de unas elecciones anticipadas, pasándole al actual Gobierno popular la ‘patata caliente’; y no sin antes protagonizar un extraño esperpento, propio del mismísimo Valle-Inclán, al introducir en marzo de 2011 una nueva disposición adicional primera en la Ley de Agencia 12/92 a fin de regular la distribución de vehículos automóviles e industriales, para un mes más tarde dejarla sin efecto.

Cuando en marzo de 2012, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunció que el gobierno de Mariano Rajoy no daría luz verde al proyecto de Ley de Contratos de Distribución, sus palabras provocaron una sorda sensación de alivio y satisfacción en una parte del sector de la distribución de este país, mientras que la otra parte manifestó una evidente resignación y desencanto pese a que la paralización de la iniciativa legislativa se barruntaba casi segura.

Ahondando en lo peliagudo de la cuestión, el ministro señaló que se prefería “dejar que las partes lleguen a acuerdos en lugar de imponer normas”. A este respecto pocos avances se han logrado desde entonces, salvo la elaboración de códigos de buenas prácticas sectoriales vacíos de todo contenido práctico.

Llegado este punto, nos preguntamos: ¿es realmente necesaria la regulación legal del contrato de distribución? Lo cierto es que esta cuestión ha vertido ríos de tinta, con profusión de argumentos en un sentido y en otro, tan plausibles como los principios de la seguridad jurídica y la autonomía de la voluntad, respectivamente.

Basta echar un vistazo al Derecho Comparado para percatarse de que la regulación legal del contrato de distribución, lejos de ser norma habitual, es la verdadera excepción en los ordenamientos jurídicos de nuestros vecinos. Bélgica es de los pocos países de nuestro entorno que ha regulado la cuestión. Sin ánimo exhaustivo, podríamos decir que el único.

Ni tan siquiera la Unión Europea –que habitualmente ventila este tipo de asuntos con una Directiva “de mínimos”- se ha atrevido a promulgar una regulación legal del contrato de distribución, regulando únicamente los aspectos de la distribución comercial que afectan a la defensa de la competencia.

De momento y ante la ausencia de regulación legal concreta corresponderá a la Jurisprudencia –como no puede ser de otro modo-, no solo el interpretar el contenido del contrato de distribución suscrito por las partes en un eventual litigio, sino también integrar las lagunas que pudieran aparecer, especialmente relevantes en cuestiones que atañen a la resolución contractual y sus consecuencias, y ello -no nos engañemos-, no puede considerarse que incremente la “seguridad jurídica” bajo ningún prisma.

Cabe la posibilidad que el legislador nos tenga preparada una sorpresa y finalmente proceda a su inclusión durante la tramitación parlamentaria, pero ciertamente parece altamente improbable, pues carecería de sentido haberla eliminado del borrador de la Comisión de Codificación.

Por otro lado, cabría también que nos sorprendiera procediendo a su regulación en un cuerpo legal separado, tal y como ha hecho con la reforma de la Ley de Sociedades de Capital. Solo el tiempo lo dirá, pero en todo caso, la regulación en un cuerpo legal separado de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital aprobada en el Consejo de Ministros anterior al que aprobó la tramitación del Código Mercantil –materia esencial del Derecho mercantil que obviamente también se compila en el anteproyecto del Código- pone de relieve cuáles son las preferencias del Gobierno, al tiempo que arroja una sombra con respecto a la convicción con la que el propio legislador afronta la aprobación temprana del Código Mercantil.

José Martínez Enguídanos, asociado Senior en Olleros Abogados

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