Echando un pequeño vistazo a las noticias jurídicas del último mes, me ha sido fácil cruzar una noticia que hacía referencia a las declaraciones de Antonio Hernández Gil, decano del Colegio Oficial de Abogados de Madrid, recogidas por Europa Press el pasado 3 de diciembre durante la presentación del “Observatorio de la justicia y los abogados”, y la siempre interesante y acertada opinión de José Luis Roca Aymar, abogado y secretario general de la Corte Española de Arbitraje y del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, sobre “la abogacía y el fomento del arbitraje” recogida en diariojurídico.com, en concreto en el enlace:
http://www.diariojurídico.com/opinión/la-abogacia-y-el-fomento-del-arbitraje.html

Hernández Gil denuncia el colapso existente en los juzgados de lo Mercantil y las dilaciones excesivas, recalcando que la causa principal es la crisis, dado que han aumentado considerablemente los despidos y los procedimientos concursales motivados por el aumento de empresas en situación de insolvencia. Si bien, hace unos años los plazos medios en resolver un proceso judicial se situaban en ocho años, la dilación será aún mayor en la actual coyuntura.

Aproximadamente, un procedimiento civil se demora casi dos años en primera instancia, otros 18 meses en la Audiencia Provincial y, en su caso, seis años en el Tribunal Supremo (se están resolviendo en 2009 los recursos de casación presentados en 2003); aún así, desde el Ministerio de Justicia se habla de mero retraso, criticando a aquéllos que hablan de colapso.

Para una entidad, un profesional o un particular, estos retrasos sí son importantes porque repercuten directamente en su cuenta de resultados, en su capacidad de financiación y, en muchos casos, en su supervivencia.

Por todo ello, cada vez son más las voces que prefieren no presentar un asunto ante el Juzgado para ganarlo en ocho años, dado que la posibilidad de que un deudor se convierta en insolvente es cada vez mayor.

No seré yo quien defienda el arbitraje como herramienta útil y eficaz que se beneficia de los males de la justicia ordinaria, ya que defiendo el arbitraje porque es, intrínsecamente, la herramienta idónea de solución de conflictos, aún cuando el proceso judicial estatal fuese rápido, ágil y eficaz. Los críticos a la ley concursal empiezan a reclamar una mediación o un arbitraje previo, de difícil encaje con la actual redacción del texto normativo.

El tiempo y la flexibilidad repercuten en la cuenta de resultados

En una coyuntura económica favorable, el arbitraje acentúa las ventajas tantas veces repetidas y por todos conocidas; yo subrayo las que los propios empresarios y abogados deberían destacar: la eficacia y la especialización. Porque se prefiere a un experto (con plena disponibilidad) para que decida sobre los temas objeto de controversia; sin olvidar que el factor tiempo y la flexibilidad repercuten directa y favorablemente en la tranquilidad, en la ansiedad y en la cuenta de resultados de las partes en conflicto. Por ello, el arbitraje debería ser la primera opción de abogados y empresarios.

En coyunturas económico-financieras desfavorables decidirse por el arbitraje puede, además, tener una primera consecuencia gratificante, ya que las partes tienden a buscar una solución amistosa antes de iniciar el procedimiento.

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