El acuerdo pone punto y final al litigio que mantenía en los tribunales desde 2006 por el precio de las acciones.

El gigante distribuidor desembolsará finalmente una cifra que está más cerca de los 37,2 millones de euros ofrecidos inicialmente por la cadena distribuidora que de los 98,5 millones de euros que pedía César Areces. El acuerdo se firmó el pasado mes de diciembre, tras cuatro meses de negociaciones.

De esta manera, finaliza el litigio por el precio de los títulos de El Corte Inglés que comenzó el diciembre de 2005 y que desembocó en los tribunales en junio de 2006.

La operación se ha hecho tomando como referencia el valor teórico contable que tiene actualmente la empresa, de acuerdo con las últimas cuentas aprobadas en la junta de accionistas del pasado mes de agosto. Además, las mismas fuentes consideraron a la agencia Europa Press que el acuerdo “está en la línea de las decisiones judiciales que resultaron favorables a este criterio”.

El bufete Jiménez de Parga que defiende a los hermanos Arces, aseguró en un comunicado que el precio de la venta se encuentra en una “horquilla de entre 50 y 60 millones” y que fue “pactado libremente entre las partes” sin tomar uno de los dos métodos contables aplicados para valorar los títulos de la compañía.

El acuerdo estuvo motivado “no por cuestiones judiciales, sino por la situación financiera compleja” que atraviesa César Areces, afectado por la actual crisis internacional, según explicó el bufete barcelonés.

Los jueces no lograron determinar la valoración del precio de las acciones de El Corte Inglés, que ofrecía inicialmente a Areces 37,2 millones de euros por su 0,68% basándose en el método del cálculo del activo neto real. El demandante solicitaba 98,5 millones de euros por su participación bajo el método de flujos de caja descontados.

En abril de 2007, la titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, Miriam Iglesias, dictó sentencia a favor de César Areces y obligó a abonar los 98,5 millones de euros a la compañía, que presentó recurso contra la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El 29 de julio de 2007, la Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso de apelación presentado por El Corte Inglés y ordenó revocar la sentencia anterior.

El dictamen advertía de que “tampoco el tribunal dispone de los elementos necesarios para fijar el valor en su resolución”, y que “la sala no encuentra en las actuaciones elementos fiables suficientes para fijar cuál es el valor real de las acciones”.

El tribunal no admitió ninguna de las dos valoraciones planteadas por las partes, pero tampoco designó a un tercero para fijar el valor real de las acciones, lo que se interpretó como una llamada a la negociación, según fuentes jurídicas cercanas al caso consultadas por Europa Press. Ni los demandantes ni la empresa llegaron a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.

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