El Consejo General de la Abogacía Española solicita al Gobierno que garantice “la asistencia letrada independiente de los menores no acompañados desde el momento de su localización y a lo largo de todo el procedimiento de repatriación, incluyendo el proceso de determinación de la edad y protección por desamparo”, en el Informe que la Subcomisión de Extranjería del CGAE ha elaborado sobre el borrador del Reglamento de Extranjería y que ha sido enviado al Ministerio de Trabajo, Inmigración y Emigración.
Los expertos de extranjería del CGAE se muestran “contrarios a penalizar a un menor hijo de residentes legales con dos años de residencia irregular” tal y como recoge el actual borrador del Reglamento de Extranjería, y apuntan que este periodo de carencia “debe ser eliminado o al menos disminuido”, ya que “una anormal actuación de los padres, por respeto del interés superior del menor, no debe repercutir en los derechos del mismo”, señalan.
No obstante, la Abogacía resalta el importante trabajo realizado por la Secretaría de Estado en la elaboración del Reglamento de Extranjería que aporta diversas mejoras, entre ellas una mayor regulación de la colaboración entre Administraciones, la inclusión de mecanismos que simplifican trámites burocráticos y tienden a dotar de una mayor estabilidad a las autorizaciones de residencia y trabajo. Además, también se apunta “una mejor definición de menor no acompañado y los aspectos relativos al procedimiento de determinación de la edad bajo la dirección del Ministerio Fiscal”, si bien los expertos del CGAE también proponen que dicha determinación de la edad “deberá hacerse de conformidad con su documentación y en caso de duda, pese a que pueda iniciarse otros procedimientos adicionales en averiguación de la edad, prevalecerá la presunción iuris tantum de minoridad”.
El CGAE presenta este informe tras la reunión mantenida la semana pasada entre su presidente, Carlos Carnicer, y la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, en la que la secretaria se comprometió a examinar con todo detalle las cuestiones planteadas por la Abogacía Española y que han sido recogidas en el informe presentado al Ministerio.
