La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy una declaración institucional en la que señala que “amparará expresamente” a todos los miembros de la carrera que lo demanden “frente a actuaciones o críticas injustificadas” y que, en cualquier caso, “apoyará de manera expresa en el ejercicio de sus cometidos” a los jueces y magistrados.
En el texto, el CGPJ recuerda que el ejercicio del poder jurisdiccional está, como todos los demás, sometido a la crítica pública, pero añade que “bajo el amparo de la libertad de expresión no pueden justificarse actuaciones que pretendan influir de manera burda, denigrar injustamente o poner en entredicho con argumentos groseros la imparcialidad o independencia” de los jueces y magistrados.
Asociaciones de jueces como la Francisco de Vitoria (AFV) han mostrado malestar en las últimas semanas ante algunos casos, como el que afecta a la Infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarín, al considerar «intolerable» que el fiscal Pedro Horrach se hubiese «sumado» a la «campaña de desprestigio» del juez de Palma de Mallorca José Castro, instructor del caso Nóos. Según la asociación, el texto presentado la pasada semana por Horrach contiene expresiones «impertinentes y ofensivas» y «acusaciones muy graves a la actuación del juez instructor».
«En un Estado de Derecho, las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica», añadían, «pero cuando esa crítica se convierte en ataques directos y reiterados a la persona del juez se convierte en un mecanismo de presión injustificado que debería ser inmediatamente abortado por el órgano constitucional encargado de defender la independencia judicial: el Consejo General del Poder Judicial», señalaba la asociación a través de un comunicado emitido el pasado 16 de enero.
A continuación se reproduce íntegramente la declaración aprobada hoy por el CGPJ:
“El Consejo General del Poder Judicial, en el ejercicio de la potestad constitucional de proteger la independencia de los/las integrantes de la Carrera Judicial, pone de manifiesto lo siguiente:
En un Estado democrático de derecho, los/las Jueces/zas y Magistrados/as, como titulares del Poder Judicial, asumen la decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar los derechos y libertades en condiciones de independencia, imparcialidad y responsabilidad, constituyendo precisamente el ejercicio independiente, imparcial y responsable de la jurisdicción su fuente de legitimidad democrática.
La confianza pública de que los/las Jueces/zas y Magistrados/as puedan efectivamente desarrollar sus cometidos conforme a las exigencias de la Constitución, es un objetivo merecedor de la máxima protección, y justifica los numerosos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional reclamando de todos los agentes públicos y de la ciudadanía en general, el necesario respeto a la actuación de los órganos judiciales.
En una sociedad democrática todo ejercicio del poder, y el jurisdiccional no es una excepción, está sometido a la crítica pública, pero bajo el amparo de la libertad de expresión no pueden justificarse actuaciones que pretendan influir de manera burda, denigrar injustamente o poner en entredicho con argumentos groseros, la imparcialidad o independencia de Jueces/zas y Magistrados/as, ya que dichas actuaciones, no sólo desconocen el respeto debido a quienes sufran el acoso, sino que socavan uno de los fundamentos esenciales del orden constitucional: la legitimidad de los miembros del Poder Judicial y la confianza social en su actuación.
El Consejo General del Poder Judicial, en el marco de las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Reglamento de Carrera Judicial, amparará expresamente a todo/a Juez/a o Magistrado/a que demande su protección frente a actuaciones o críticas injustificadas que pongan en entredicho su función mediante procedimientos manifiestamente irrespetuosos o injustos, y apoyará de manera expresa en el ejercicio de sus cometidos a todos los/las miembros del Poder Judicial, quienes día a día, en condiciones casi siempre difíciles, contribuyen decisivamente a que los valores, derechos y libertades constitucionales constituyan una realidad efectiva”.
