El Consejo General del Poder Judicial nombrará hoy a dos nuevos magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo durante la reunión plenaria correspondiente al mes de febrero, en la que también debatirá y votará el informe al Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria.
El pasado día 20, la Comisión Permanente del CGPJ acordó por unanimidad elevar al pleno, sin orden de preferencia, dos ternas de candidatos a sendas plazas de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo vacantes por jubilación de sus titulares, Carlos Granados Pérez y Perfecto Andrés Ibáñez.
Una de ellas está compuesta por la presidenta de la Audiencia de Madrid, Ana María Ferrer García; el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro Servet; el presidente de la Sección 4ª de lo Penal de la Audiencia Provincial de Sevilla, José Manuel de Paúl Velasco; y el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Juan Ramón Sáez Valcárcel.
En la otra figuran el presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, Javier Hernández García; el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Ángel Luis Hurtado Adrián; el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Andrés Palomo del Arco; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira Morante.
El pleno del CGPJ también nombrará mañana al nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Zamora, cargo al que optan el magistrado de ese tribunal Jesús Pérez Serna y el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valladolid, Emilio Vega González.
Además, el órgano de gobierno de los jueces debatirá y votará tres informes a normas remitidas por el Gobierno, entre ellas el Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria.
El proyecto de informe elevado al pleno propone mantener el control del juez respecto de las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo, así como que las reclamaciones de deudas dinerarias no discutidas continúen exclusivamente en el ámbito jurisdiccional.
Los otros dos informes se refieren al Reglamento de la Ley de prevención de blanqueo y de la financiación del terrorismo y al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de actividades de financiación del terrorismo.
