El CGPJ, sin embargo, no procedió al estudio de la solicitud, al no haber adjuntado el juez el certificado de antecedentes penales, documento necesario para el trámite.

Según han explicado a la agencia Europa Press fuentes del CGPJ, el certificado de penales es un documento “imprescindible” para que la comisión pueda analizar la petición del juez de volver a la carrera judicial así que el análisis de este caso está a la espera de que Urquía haga llegar el certificado al máximo órgano de gobierno de los jueces.

El pasado 16 de abril, Urquía perdió de forma definitiva su plaza en el juzgado de Instrucción número 2 de Marbella en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a 21 de suspensión y al pago de una multa de 73.800 euros por un delito de cohecho que cometió al obtener dinero del fuera responsable del urbanismo de este municipio Juan Antonio Roca, a cambio de favorecerle en una instrucción.

La petición se remitió a este órgano del Consejo después de que el juez cumpliera con los requisitos exigidos por el Servicio de Personal Judicial y aportara un certificado de antecedentes penales, otro demostrativo de no encontrarse incapacitado física o psíquicamente para el desempeño de la función judicial y una declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad para este puesto.

En su escrito, Urquía expone al CGPJ que la suspensión del cargo a la que ha sido condenado ya está cumplida, dado que fue apartado provisionalmente de su cargo en julio de 2007, y la sentencia firme del Tribunal Supremo fue notificada el pasado 8 de abril. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalaron en dicha fecha que Urquía tiene pendiente otro tema ante la justicia, que se está instruyendo en el Tribunal Superior de Justicia, y por el que todavía pesa sobre él una suspensión cautelar de funciones.

Hace algo menos de un mes, el Consejo acordó ejecutar la sentencia por cohecho dictada por el Tribunal Supremo contra el juez de Instrucción número 2 de Marbella – que le condenó a 21 meses de suspensión y al pago de una multa de 73.800 euros- declarando la pérdida definitiva por el juez de su destino en el citado Juzgado.

Tras serle notificada la sentencia, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces se reunió expresamente para acordar la pérdida de destino por parte de De Urquía e incluir el que hasta ahora fuera su juzgado, para su cobertura, en el próximo concurso de traslado entre magistrados, según ha informado el Consejo.

El pasado día 9, el Tribunal Supremo (TS) hizo pública la sentencia que modificó la pena de dos años de cárcel a la que fue condenado inicialmente el juez Francisco Javier de Urquía por un delito de cohecho por los 21 meses de inhabilitación y al pago de una multa de 73.800 euros. Además, lo absolvió del delito de prevaricación al que también fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado verano.

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