< Por Adriana de Ruiter e Isabel López Ramos Abogadas de Todavie

Los extranjeros en situación de irregularidad en España pueden acceder a la autorización de residencia y trabajo mediante la figura del arraigo social. Esta figura, una anomalía en el entorno de la Unión Europea, fue introducida en la legislación española en el año 2000, mediante la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Ley_Organica_4_2000.pdf), y ha sido modificada en muchas ocasiones, por última vez en la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre. Es una importante vía de concesión de autorización de residencia inicial, quizá la más importante en este momento. Desde el inicio de la crisis económica en España, hacia el año 2008, se ha reducido de forma espectacular la solicitud y concesión de autorizaciones de residencia iniciales, pero en cambio han aumentado las solicitudes de autorización de residencia por arraigo. Actualmente, en la Comunidad de Madrid se registran mensualmente alrededor de 2.200 expedientes de solicitud de autorización de residencia con motivo de arraigo.

Se benefician del sistema de arraigo tanto las personas que han perdido la autorización de residencia por motivos variados (incluso por presentaciones fuera de plazo), como las personas que nunca han tenido autorización de residencia en España, pero se quedaron tras haber entrado en el país como turistas, o aquellas que directamente entraron de forma irregular. Para el país el sistema del arraigo también aporta sus ventajas, y no solo por regularizar a los ciudadanos en situación irregular, sino también por aumentar la cotización a la Seguridad Social, ya que únicamente si se produce el alta en el sistema de la Seguridad Social el ciudadano extranjero obtendrá la tarjeta deseada.

Sin embargo, se rumorea mucho sobre la desaparición de la figura del arraigo. Como motivo se alega el efecto llamada que podría tener esta figura. Parece que antes que un cambio
legislativo para su extinción, se intentará reducir la concesión de solicitudes de autorización de residencia mediante una aplicación más estricta de la normativa.

Para obtener la autorización de residencia por arraigo, los extranjeros deben acreditar llevar tres años en España, no tener antecedentes penales, aportar un contrato de trabajo y demostrar su “arraigo social”. Esto ya era así antes de la entrada en vigor el verano pasado del nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, http://extranjeros.mtin.es/es/NormativaJurisprudencia/Nacional/RegimenExtranjeria/RegimenGeneral/documentos/reglamentoBOE-A-2011-7703.pdf).
pero para acreditar el arraigo ahora, el nuevo reglamento introduce una modificación: En la anterior legislación, el arraigo se acreditaba con el llamado “informe de inserción social” emitido por los ayuntamientos. De ello se encargaban los trabajadores sociales. Pues bien, además de cambiar el nombre a “informe de integración social”, el nuevo reglamento, en su art. 124.2.c), encarga su emisión a las Comunidades Autónomas.

Puede parecer que este cambio no es muy importante y no debería preocupar a los ciudadanos extranjeros en situación irregular, pero no es así, ya que el nuevo reglamento también fija que para poder valorar el grado de integración de un ciudadano extranjero, se deben tener en cuenta el tiempo de permanencia en el domicilio de empadronamiento, los medios económicos, los vínculos familiares en España y los “esfuerzos” de integración a través del seguimiento de programas de inserción sociolaborales y culturales. Pues bien, mediante el uso de un término tan poco definido, el legislador ha otorgado a las Administraciones implicadas un amplio margen de discreción para decidir lo que considera suficiente esfuerzo de integración.

Así, en una reciente reunión celebrada entre abogados y los responsables de la Dirección General de Inmigración de la Comunidad de Madrid, en el Colegio de Abogados de Madrid, los últimos indicaron que a efectos de informar favorablemente sobre la integración de un ciudadano extranjero en España se iba a exigir el conocimiento del español, convirtiéndose por tanto el conocimiento del castellano en un punto clave para la obtención de la autorización de residencia. Cierto es que a primera vista parece coherente utilizar el nivel de conocimiento del idioma como termómetro de integración, pero no debemos olvidar que ni la ley ni el reglamento, ni siquiera las instrucciones de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración han incluido el conocimiento del idioma como requisito para acceder a la autorización de residencia. ¿Cabe que las Administraciones exijan más que lo marcado por la normativa? ¿No estarán extralimitando en sus competencias? ¿Qué es lo siguiente que se va a exigir sin estar contemplado en la normativa?

De esta forma las Administraciones pueden ir endureciendo las exigencias e introducir requisitos que no están recogidos en la normativa, lo que puede conllevar que sin extinguir el derecho a la autorización de residencia por arraigo, se haga su aplicación muy residual.

Esto hace más necesario que nunca para los extranjeros un asesoramiento jurídico por parte de abogados especialistas en esta materia. La heterogeneidad de las Administraciones, los cambios legislativos (no solo en la normativa de extranjería, sino también en la de la Seguridad Social, que afecta a las ofertas de servicio doméstico y a otros aspectos de extranjería) y las instrucciones internas hacen que en la elaboración de los expedientes de arraigo social deban cumplirse escrupulosamente todas las premisas legales, a riesgo de ver denegada la autorización. Incluso las denegaciones deben estudiarse con lupa y valorar posibles recursos, ya que parece claro que las Administraciones no pueden exigir requisitos no contemplados en la normativa aplicable.

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