GallardónEl Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa ha emitido un informe en el que alerta sobre los crecientes casos de corrupción en España y la “politización de la Justicia”.  El informe, que analiza la prevención de la corrupción en parlamentarios, jueces y fiscales, pide ampliar la independencia efectiva del CGPJ, incluir criterios objetivos para nombrar a altos funcionarios judiciales y revisar el método de selección del fiscal general del Estado. En este sentido, afirma que, a pesar de todas las garantías, la “percepción de la independencia del fiscal general del Estado es preocupante” y pide esfuerzos para que la Fiscalía General del Estado “sea y parezca imparcial, objetiva y libre de toda influencia o injerencia externa”. Asimismo, pide a España que reconsidere su método de elección.

Los países que integran el Consejo de Europa, además, recomiendan a España adoptar un código deontológico, tanto para jueces como para fiscales, si bien reconoce el importante papel que ha desempeñado el poder judicial español en el perfeccionamiento de las reglas deontológicas judiciales de los países latinoamericanos.

Greco explica que ha preguntado al Ministerio de Justicia por los canales que le permiten que pedir explicaciones al Fiscal General del Estado sobre causas concretas. Tras las respuestas dadas, el Consejo de Europa considera que puede haber intervencionismo pese a que Ministerio asegura que sólo hablan de “cuestiones generales” y que el fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, “puede negarse” a facilitar información al Gobierno en los casos que estime.

El Consejo de Europa considera que la experiencia “profesional no política” debiera ser imprescindible para nombrar al Fiscal General; que sus mandatos debieran superar los cuatro años para no coincidir con los del Gobierno, con el fin de evitar connivencias de intereses entre quien lo nombra y quien desempeña el papel de acusador popular; y que el presupuesto de la Fiscalía General del Estado deje de depender del Ministerio de Justicia, para que que pueda aumentar su autonomía y decidir independientemente qué recursos destina a los casos que crea prioritarios, sin control político.

Además, Greco señala que el Consejo General del Poder Judicial  (CGPJ) es susceptible a la “politización” por el sistema de elección de sus miembros que permite a los partidos “repartirse asientos en el CPGJ”. En otras palabras, el Consejo de Europa echa por tierra la reciente reforma llevada a cabo por el ministro Alberto Ruiz Gallardón.

Por otro lado, el informe destaca la aprobación de la nueva ley de transparencia, que entró en vigor hace un mes, y añade que, “salvo casos aislados, no existe ningún indicio serio de corrupción en jueces y fiscales”. Pero constata que España “ha sido el escenario de numerosos casos de corrupción protagonizados por responsables políticos de primer orden, altos funcionarios o empresarios”, lo que “atenta gravemente contra la credibilidad de las instituciones españolas”.

El texto recomienda adoptar un código de conducta parlamentaria, que aconseje sobre la prevención de conflictos de intereses, los regalos y los intereses financieros, así como la introducción de reglas en la relación entre parlamentarios y grupos de presión.

 

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