El Tribunal Constitucional ha restablecido el derecho de la UPV/EHU para dar clases a los presos y ha declarado nula la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anulaba el protocolo por el cual se matriculaba a reclusos del Estado y en el extranjero, según informó el rector de la Universidad del País Vasco, Iñaki Goirizelaia, en rueda de prensa.

Tras la sentencia del Alto Tribunal la situación puede no modificarse en la práctica para los presos ingresados en cárceles españolas, ya que se requiere de la firma de un convenio con el Estado para volver a matricularles. La sentencia en cambio sí deja la vía abierta a recuperar las matrículas de los encarcelados en centros de otros países, como Francia donde la mayoría son de ETA, sobre los que el TC reitera que el Estado Español no tiene capacidad regulatoria. Además supone un  a sentencia supone un espaldarazo a la posición de la UPV que siempre denunció que el Estado vulneró su autonomía académica al anular su normativa sobre alumnos presos.

Para que la UPV pueda volver a matricular a alumnos encarcelados en centros penitenciarios españoles será necesario que previamente Instituciones Penitenciarias y el centro universitario firmen un convenio. Este requisito, fijado por ley, ha sido negado en reiteradas ocasiones por el Estado pese a la solicitud de la universidad pública vasca, aduciendo que ese derecho de los reclusos ya estaba satisfecho con el convenio suscrito con la UPV.

El citado protocolo fue aprobado por unanimidad en 2004 por el Consejo de Gobierno de la UPV. El documento fue recurrido poco después por la Abogacía del Estado, primero ante el Superior de Justicia del País Vasco, que falló a favor de la UPV, y posteriormente ante el Supremo, que sí le dio la razón a Instituciones Penitenciarias.

Finalmente, fue la Universidad la que solicitó el amparo del Constitucional y que restablece la legalidad de la normativa de atención a personas. El documento aspira a ser la base para el convenio que la UPV volverá a reclamar al Ministerio de Interior.

Tras la decisión del TS de abril de 2009, la institución académica solicitó amparo al Constitucional, que se lo ha concedido. El alto tribunal considera que el Estado ha vulnerado el derecho de la UPV/EHU a la «autonomía universitaria» y restablece a ésta «en su derecho».Tras aquella  sentencia del Tribunal Supremo, se impidió a 57 reclusos recibir clases de la Universidad vasca, al suspenderse sus matrículas.

Iñaki Goirizelaia mostró  su «satisfacción» por la decisión del Constitucional, que da la razón a la Universidad, y consideró que «lo lógico» sería que ahora se facilitase la firma de un convenio entre la UPV/EHU e Instituciones Penitenciarias para que los presos se matriculen.

 

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