El Pleno del Tribunal Constitucional inadmitió por unanimidad el pasado viernes, 13 de Enero, y según se desprende del auto hecho público en los últimos días, el recurso de amparo que presentaron Gaspar Llamazares (IU) y Nuria Buenaventura (ICV) contra la reforma del artículo 135 de la Constitución pactada entre PP y PSOE y acometida el pasado septiembre para establecer un techo de gasto público.

El recurso presentado por los diputados, que compartían grupo parlamentario en la pasada legislatura, solicitaba la declaración de nulidad de la reforma y pedía que la tramitación de la misma fuera retrotraída al inicio del proceso para que se debatiera respetando los plazos habituales y sin el procedimiento de urgencia. Según explicó Llamazares, este recurso era «la última posibilidad que nos quedaba después de que PP y PSOE decidieran sustituir lo que era una Constitución social por otra conservadora, que viene impuesta por los mercados internacionales y las instituciones financieras, que no responden a las necesidades de los ciudadanos».

Según se desprende del auto del Pleno del Tribunal Constitucional (que se ha hecho público junto con los votos particulares presentados por tres magistrados), en el momento de reformar el artículo 135 concurrían razones de excepcionalidad «por mucho que los recurrentes puedan políticamente no compartirlas» que habilitaban a la Mesa para reducir el plazo de presentación de enmiendas previsto en el artículo 94 RCD. Además, el pleno descarta que se haya lesionado el artículo 23.2 CE relativo a las funciones y cargos públicos, por lo que inadmite la demanda «al no existir violación de derecho fundamental amparable».

En cualquier caso, el auto reitera en distintas ocasiones que la tramitación urgente de la reforma no impidió a los recurrentes ejercer las facultades que les correspondían como Diputados en el seno del procedimiento legislativo, pues «la declaración de urgencia por el  Gobierno de un proyecto de ley a efectos de su tramitación en dicha Cámara, aun remitido ya el Proyecto a las Cortes Generales, si bien abrevia el plazo de ésta, ni le priva del ejercicio de su función legislativa, al incidir el mecanismo conferido al Gobierno sobre la cronología del procedimiento pero no sobre el contenido del proyecto, ni restringe, ni en modo alguno podía hacerlo, el derecho de la Cámara y de sus miembros a tramitar los proyectos de ley en el plazo constitucionalmente establecido, ni, en fin, la reducción del tiempo de tramitación tiene por qué traducirse en merma alguna de los principios constitucionales que han de informar el procedimiento legislativo en cuanto procedimiento de formación de la voluntad del órgano”.

Los recurrentes también consideraban, en su recurso, que el procedimiento de lectura única era inadecuado al no reunirse las notas de simplicidad o naturaleza que así lo aconsejan. En este sentido, el Constitucional ha considerado que las normas aplicables (art. 150 RCD y concordantes) no establecen materias vedadas a dicha tramitación, como sí sucede con el Reglamento parlamentario de alguna Asamblea autonómica. Además, añade: «La adopción de dicho procedimiento no se ha debido a la voluntad de la Mesa del Congreso de los Diputados, como se deduce del escrito planteado por  los recurrentes, sino al Pleno de la Cámara mediante la oportuna votación».

Sin embargo, el Vicepresidente del Tribunal, Eugeni Gay, ha presentado un voto particular relacionado con este asunto en el que esgrime que el hecho de que el Pleno de la Cámara considerara, mediante la oportuna votación, que concurrían los supuestos de simplicidad necesarios para adoptar el procedimiento de lectura única, no bastaba en sí mismo para considerar que, efectivamente, así ocurría.

También ha formulado voto particular el Magistrado Pablo Pérez Tremps, quien discrepa del conjunto del Pleno, no en relación a la existencia o no de lesión de la Constitución, sino al considerar que el juicio realizado sobre la lesión de la norma fundamental debería haberse hecho mediante sentencia y no de forma liminar.

Por último, discrepa también respecto del auto publicado el Magistrado Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien se adhiere al voto particular formulado por su compañero, Pablo Pérez Tremps, y añade que: «Hubiese sido más acorde con la función de control y tutela de la Constitución que este Tribunal tiene encomendada el haber establecido expresamente una reserva de conocimiento y examen del contenido de las reformas constitucionales realizadas, para evitar que, presentada la reforma de una parte de la Constitución a la que formalmente correspondería el procedimiento del artículo 167 CE, materialmente se estuviese produciendo también una variación sustancial de las partes de la Constitución cuya reforma exige adoptar el procedimiento del artículo 168 CE».

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