La Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto sendos recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación en materia de Derecho sucesorio. Los hechos objeto de enjuiciamiento parten de la demanda interpuesta por la Fundación Julio Ramón Ramonet, creada por el Ayuntamiento de Barcelona, en reclamación de un conjunto inmobiliario que había sido legado en el testamento del Sr. Julio Ramón Ramonet en el año 1988 a favor de la Fundación que se creara en su nombre. La demanda se dirigió contra las cuatro hijas herederas y fue estimada en primera instancia y confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona

 La sentencia de la Sala Primera, de la que es ponente el magistrado O’Callaghan Muñoz, confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que había dado validez al legado del conjunto inmobiliario como cosa propia del testador, en aplicación de la doctrina del levantamiento del velo, ya que lo legado pertenecía a una sociedad anónima de la que el testador tenía todas las acciones. La sentencia parte de la validez del legado como cosa propia del testador, al no ser esta cuestión discutida en casación.

El núcleo de la decisión se centra en determinar si el testador había revocado con posterioridad el legado de forma tácita por enajenación del mismo. Los hechos que pretenden sustentar esta enajenación son los siguientes: el testador dirige una carta a la sociedad propietaria de los bienes renunciando a los derechos de suscripción preferente y otorgando a sus hijas poderes para ampliación de capital y suscripción de acciones. Estos poderes fueron utilizados por sus hijas adquiriendo así el control de la sociedad propietaria de los bienes.

Como se recordará, las tres sentencias previas, de Suiza, de un juzgado y de la Audiencia de Barcelona, fueron favorables al Ayuntamiento, que, paradójicamente, a pesar del pleito que mantiene con los herederos por la propiedad de esta valiosa colección de arte, ha pactado con ellos el futuro de Can Batlló, la antigua fábrica textil de la Bordeta que también fue propiedad de Muñoz Ramonet. En virtud de este acuerdo, el grupo Gaudir, de los descendientes del financiero –y que, curiosamente tiene su sede social en una torre de la calle Avenir, que también debe ser para la ciudad–, recibirá unos 30 millones de euros.

 La sentencia, en aplicación de la jurisprudencia de la Sala, afirma que la revocación tácita del testador ha de ser voluntaria, y hecha por él mismo, lo que no ocurre en el caso planteado, en el que el testador nunca tuvo voluntad de revocar el legado y el traspaso de las acciones se efectuó por las herederas obligadas a cumplir el legado pocos días antes de la muerte de aquél. Se confirma así la decisión de la instancia que declaró la eficacia del legado y obligaba a cumplir el mismo.

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