Por Marta Torres Maestre, Abogado en Legal & Media Advisers

Durante la última década, Canal Mundo Producciones Audiovisuales S.A. ha sido un referente en la producción de reportajes de investigación. Gracias a su labor periodística, la opinión pública ha tenido acceso a actuaciones denunciables como fueron, por ejemplo, los reportajes sobre la prostitución en España, la situación de ciertos geriátricos a quienes confiamos el cuidado de nuestros ancianos, el floreciente mercado del turismo sexual o la estafa en la elección de las participantes al concurso de Miss España. En todos ellos, a través de la cámara oculta, los periodistas nos han mostrado con imágenes, una realidad hasta entonces oculta para los telespectadores.

 

Sin embargo, el pasado 6 de Febrero de 2012, el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que lesiona uno de nuestros pilares fundamentales, la libertad de información, recogida en el artículo 20.1 de nuestra Carta Magna, al prohibir expresamente a los periodistas la utilización de cámaras ocultas para elaborar reportajes de investigación. El Tribunal Constitucional ha declarado constitucionalmente prohibidas este tipo de prácticas, a pesar de la relevancia pública que pueda tener el reportaje en cuestión contraviniendo de este modo lo dispuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

 

Es loable el afán del Constitucional en adoptar medidas que sirvan para reforzar la vigilancia en la protección de la vida privada para luchar contra los peligros derivados de un uso invasivo de las nuevas tecnologías de la comunicación, pero lo cierto es que determinar qué métodos pueden utilizar los periodistas en su labor, es dar un paso que excede con creces de su labor de salvaguarda. No corresponde a ningún Juzgado o Tribunal el sustituir a la prensa en la decisión de qué técnica de información deben adoptar los periodistas y así se ha manifestado en reiteradas ocasiones el Tribunal Europeo.

¿Qué ha cambiado ahora? La Sentencia del Tribunal Constitucional considera que bajo el paraguas del periodismo de investigación se han pretendido amparar reportajes que desde el punto de vista del Derecho de la Información, tan solo han servido para satisfacer curiosidades ajenas e incrementar audiencias sin ofrecer ninguna noticia de interés general ni ayudar a la formación de una opinión libre.

Es evidente que la cámara oculta es una técnica periodística agresiva que puede menoscabar los derechos fundamentales de los investigados y que en aquellos supuestos en los que se pueda acceder a la información pretendida sin necesidad de colisionar con los derechos referidos, queda deslegitimada, por desorbitada o desproporcionada, esta técnica debiéndose utilizarse por los profesionales de la comunicación únicamente cuando no puedan acceder de otro modo a la información pretendida.

No obstante, basta con aplicar los límites existentes marcados por la ley y la jurisprudencia, sin necesidad alguna de vetar métodos periodísticos para evitar esta banalización de los llamados reportajes de investigación en los que prima más el morbo y la curiosidad ajena que el respeto por los derechos ajenos.

Una medida claramente disuasoria amparada por nuestro ordenamiento es incrementar las indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados. El artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 da la oportunidad al Juez de moderar la determinación del daño causado en atención a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida. Sin embargo, las indemnizaciones en este tipo de procedimientos nunca se acercan a los beneficios que se obtienen por las cadenas de televisión y las productoras, a quienes no les importa vulnerar los derechos de las personas si obtienen una alta rentabilidad con ello.

En el momento en el que las sanciones les supongan un verdadero quebranto económico, estos medios de comunicación preocupados únicamente por incrementar sus datos de audiencia, actuarán con mayor diligencia y profesionalidad. En el caso de autos, el Tribunal Supremo condenó solidariamente a la productora y a la cadena de televisión autonómica Canal 9 a indemnizar a la parte actora en la suma de treinta mil cincuenta euros con setenta y un céntimos, cantidad irrisoria en comparación con los beneficios por publicidad que probablemente obtuvo la cadena con la emisión del reportaje.

Por tanto, si el verdadero interés del Tribunal Constitucional era proteger a terceros ante injerencias en su vida, existen medios más que suficientes en nuestra legislación, pero vetar el uso de las cámaras ocultas supone un claro peligro en un estado democrático como el nuestro y una injerencia en el derecho a la Información que no debe permitirse.

Hasta la fecha, en la confrontación entre el derecho a la libertad a la información y los derechos fundamentales al honor, la intimidad y la propia imagen, jurisprudencia reiterada entendía que era necesario ir caso por caso para determinar cual era el derecho prevalente. Con esta nueva sentencia del Constitucional, el derecho a la libertad de la información se sitúa en un escalón por debajo de los derechos de la personalidad, pues con independencia de la veracidad de la información o del interés general que pueda tener para la opinión pública la noticia en cuestión, se veta la posibilidad de que la misma se nos muestre a través de la cámara oculta.

1 Comentario

  1. Desde la época de Montesquieu siempre ha habido seguidores de la poca eficacia de la división de poderes y desde la sentencia del Estatuto de Autonomia de Catalunya se hace más patente el poder del encuentro previo frente al ejercicio de un poder independiente, objetivo e imparcial, única y exclusivamente, al servicio del pueblo soberano territorialmente delimitado. Yo felicito todo esfuerzo investigador, cientifico, alejado de «lo rosa o amarillista» aunque, en defensa de la justícia (valor constitucional)y del deber de cooperar con ella, se deba hacer uso de medios tecnológicos lícitos que, el dia a dia, hace menos ocultos y más necesarios.

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