El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha aprobado un Real Decreto por el que se amplía la plantilla del Ministerio Fiscal con 100 nuevas plazas.
Con este aumento, el total de efectivos de la carrera fiscal queda integrado por 2.407 fiscales.
Dentro de este incremento destaca la creación de dos nuevas plazas de fiscal de sala de primera categoría en la Fiscalía General del Estado.
Una para la coordinación de la criminalidad informática y la otra de coordinación de la cooperación penal internacional.
Igualmente, tres de las nuevas plazas tienen como objeto que queden atendidos los tres Juzgados de Violencia sobre la Mujer creados por real decreto 819/2010 de 25 de junio.
Concretamente, se destinan dos a la Comunidad de Madrid y una al Principado de Asturias.
Por categorías, dos de estas plazas creadas hoy corresponden a la primera, mientras que a la segunda categoría pertenecen otras 78 y a la tercera categoría las 20 restantes.
En relación con su distribución geográfica, a los órganos centrales de la Fiscalía General del Estado corresponden cinco nuevas plazas.
A la Comunidad Autónoma de Madrid van destinadas 21 plazas, a Cataluña 18, a la Comunitat Valenciana 14, mientras que a Andalucía se destinan 12.
Las plantillas fiscales de Castilla-La Mancha y Canarias se incrementan con cuatro nuevos fiscales, Balears, Galicia, Castilla y León y Murcia aumentan sus efectivos en tres fiscales cada una.
Aragón, Asturias, la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco se incrementan con dos plazas y Extremadura y La Rioja aumentan su plantilla con un nuevo fiscal.
Con esta reorganización, que será efectiva desde el próximo día 30 de diciembre, el total de efectivos de la carrera fiscal queda constituido por 2.407 miembros, de los cuales 25 pertenecen a la primera categoría, 1.778 a la segunda y 604 a la tercera categoría.
El Real Decreto aprobado por el Gobierno ha sido informado por el Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal y los fiscales superiores de las Fiscalías de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de medios personales y materiales de la Administración de Justicia.
Se ha dado también audiencia a las asociaciones de fiscales.
