La nueva ley ofrece a las entidades la posibilidad de ejercer su actividad de tres nuevas formas: cediendo el negocio a un banco y manteniendo su actividad; por participación en un Sistema Institucional de Protección (SIP), y por transformación de la caja en una fundación de carácter especial, sin actividad bancaria y dedicada sólo a la obra social.

La nueva normativa posibilita que las cajas de ahorro puedan recapitalizarse a partir de la emisión de cuotas participativas con derechos políticos.

Incorpora medidas para profesionalizar y despolitizar los órganos de gestión de las cajas. De esta forma, la representación de las administraciones públicas en los órganos de gobierno no podrá superar el 40%, y se prohíbe la participación de cargos políticos electos y de altos cargos de las administraciones públicas.

Las cajas dispondrán de tres meses para adaptar la nueva normativa a sus estatutos. En cuanto al cese de los cargos electos y de las administraciones públicas, se puede producir al final del mandato o en un máximo de tres años.

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