Con la militarización del país, gobierno de AMLO es criticado a nivel mundial por violar derechos humanos.
Las detenciones arbitrarias son una práctica generalizada en México y hay deficiencias en el Sistema de Justicia Penal, como la figura del “arraigo” y “prisión preventiva oficiosa”, que violan el derecho a la libertad
La diputada Noemí Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se coloca ante los ojos del mundo como violador de acuerdos internacionales garantes de los derechos humanos.
Todo ello, luego de la aprobación de las reformas constitucionales que adhieren la Guardia Nacional al Ejército Mexicano.
Así lo manifestó en un comunicado, donde se refirió a los reportes dados a conocer este viernes por ONU-DH, en los que expresa su preocupación ante lo aprobado por el oficialismo, que apunta a “convertir la Guardia Nacional en una fuerza armada permanente, de origen y entrenamiento militar”. La inquietud del organismo estriba en que se “podría exacerbar las violaciones de derechos humanos relacionadas con la Guardia Nacional”.
Luna Ayala lamentó la inflexibilidad y despropósito de Morena y aliados que -en su empeño por aprobar una ley enviada desde el Ejecutivo para militarizar al país- desoyeron los llamados hechos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) previo a la discusión, y que pidió a todos los grupos parlamentarios y a la Mesa Directiva que se allegaran de más elementos y se fortaleciera el diálogo entre las partes involucradas.
La coordinadora parlamentaria retomó los resultados difundidos este viernes por ONU-DH México, donde se expone que, contrario a lo votado esta madrugada por el oficialismo, el gobierno debe “asegurar la progresiva desmilitarización de las actividades de seguridad pública y garantizar que la intervención de las fuerzas armadas en estas funciones sea estrictamente extraordinaria, complementaria y subordinada a la autoridad civil”.
La diputada por Zacatecas coincidió con el organismo internacional respecto a que las detenciones arbitrarias siguen siendo una práctica generalizada en México y existen deficiencias en el Sistema de Justicia Penal, tales como la figura del “arraigo” y la “prisión preventiva oficiosa” que violan el derecho a la libertad.
Con respecto a la militarización de la seguridad pública, la ONU citó a expertos internacionales que han recalcado que “conlleva al incremento de las violaciones a los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a la asistencia legal con abogados calificados, ataques a la independencia judicial, un enfoque punitivo de la política en materia de drogas y carencias en las condiciones de detención”.
La parlamentaria consideró que “la situación anterior se puede recrudecer si permitimos que estos cambios se hagan efectivos con el gobierno de Claudia Sheinbaum”, pues las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional aplicarían ya en el sexenio que está por iniciar el próximo 1 de octubre.
Al concluir, la coordinadora panista manifestó que “la violación del gobierno mexicano a los acuerdos con ONU-DH tendrá graves consecuencias. Para ello, las y los legisladores de Acción Nacional habremos de reunir las pruebas y recursos necesarios para llevar el tema de la militarización a instancias internacionales, a fin de que se proteja el Estado de Derecho en México”, aseguró.
La diputada Xitlalic Ceja García (PRI) alertó que la participación de militares en funciones de policías ha provocado un incremento en las violaciones a los derechos humanos, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que reporta más de mil 785 quejas graves desde 2020.
La legisladora criticó la reciente reforma constitucional que integra a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), argumentando que la militarización no es la solución para combatir la inseguridad en el país.
«La militarización del país no es la respuesta ante la corrupción y la ineficiencia de las autoridades policíacas», afirmó en un comunicado.
Destacó la necesidad de fortalecer las policías municipales y estatales, así como de capacitar adecuadamente a los cuerpos de seguridad con inteligencia y metodología de investigación.
Además, subrayó la importancia de mecanismos de control y supervisión para asegurar que las fuerzas de seguridad actúen conforme a la ley y promuevan la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.
Finalmente, insistió en que los fondos para la seguridad pública, como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), son viables para enfrentar la creciente inseguridad en el país.
