Tres días después de que la banca anunciara una paralización temporal de los desahucios más extremos, el Gobierno ha confirmado hoy la medida al aprobar un Real Decreto Ley que evitará durante los dos próximos años los desahucios de los “colectivos en situación más vulnerable”. El ministro de economía, Luis de Guindos, ha explicado que también se creará un parque de viviendas de alquiler a precios reducidos para aquellos que ya han sido desahuciados. La bolsa de inmuebles se nutrirá de los pisos que ya están en manos de la banca, tras haberse adjudicado por impago de las hipotecas.

Requisitos para que se aplique la medida

Uno de los interrogantes que había quedado sobre la mesa eran las circunstancias en que debían encontrarse los deudores hipotecarios para que su desahucio quedara paralizado. Hoy se ha resuelto la incógnita y el Gobierno ha explicado que podrán acogerse a esta medida aquellos que no tengan rentas por encima del equivalente a 3 veces el IPREM (unos 1.600 euros mensuales o 19.200 euros al año) siempre que haya habido una alteración de la cuota hipotecaria. Este ha sido uno de los motivos por los que el Gobierno no ha logrado llegar a un acuerdo con el partido de la oposición, que consideraba que el límite de renta debía ser de 22.000 euros anuales.

Además de cumpliar unas limitaciones financieras, para que el deudor hipotecario se pueda acoger a la medida deberá estar en alguna de las situaciones previstas por la nueva normativa: tener un hijo menor de tres años, una persona dependiente o con una discapacidad superior al 33% a su cargo; ser una unidad monoparental con dos hijos a cargo;  ser familia numerosa; ser deudor en paro y sin prestación por desempleo o estar en algunos casos de violencia de género.

También se incluirá a las personas o familias que hayan visto una “alteración significativa de circunstancias económicas”, es decir, que el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 veces en los últimos cuatro años; que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos o que se trate de crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda del deudor y concedido para la compra de la misma, entre otros casos específicos.

Parque de viviendas de alquiler

La creación del fondo de viviendas de alquiler es la segunda parte de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para resolver una problemática que ya acarrea casi 400.000 desahucios desde el año 2007. Según explicó el titular de Economía, el mandato que se da al Ejecutivo es para que empiece una negociación con las entidades financieras, de las que dijo que “tienen un número importante de activos adjudicados, incluidas las del FROB”. “Ahí estableceremos este fondo para paliar las circunstancias de más urgente necesidad”, apostilló al tiempo que recordaba que en este país hay 700.000 viviendas vacías según las estadísticas.

No se modifica la Ley hipotecaria

Una de las peticiones de la oposición era la modificación de la Ley hipotecaria, como solución más profunda al problema. Sin embargo, ha sido precisamente la no modificación de esta ley, el argumento que ha utilizado el ministro de economía, Luis de Guindos, para justificar el no haber consultado a las instituciones europeas la aprobación de estas medidas.

En este sentido, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo advirtieron de que, antes de aprobar ningún cambio legislativo para paliar la problemática de los desahucios, el Gobierno les tenía que consultar su decisión con motivo del rescate al sistema financiero español. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha contestado que las medidas no implican una “afectación profunda” al procedimiento de ejecución hipotecaria sino que responden a “una demanda social específica que no requiere la modificación de la ley hipotecaria”, por lo que el Gobierno entiende que no es necesaria la consulta con Bruselas.

Primera fase de medidas 

Según la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, estas medidas de carácter “urgente” se adoptan en una primera fase para “paliar” los problemas de colectivos con especial vulnerabilidad. Después, en una segunda fase, el Gobierno abordará con los grupos parlamentarios el establecimiento de “nuevos umbrales” para la aplicación del Código de Buenas Prácticas que determinen la entrada en procesos de reestructuración de la deuda, de quita o, en su caso, de dación en pago.

Sáenz de Santamaría recordó que estas posibilidades ya existen en el Código de Buenas Prácticas que el Gobierno aprobó en marzo pasado, pero ahora, dijo, se trata de “revisar en qué circunstancias económicas y de valor de las viviendas se puede ampliar el Código de Buenas Prácticas”. Este Código fijaba en un precio máximo de 200.000 euros las viviendas que se podían acoger al fondo.

Además, anunció que “también se mejorarán aspectos importantes como las subastas, los asuntos relativos a los intereses de demora –ahora en el 20 por ciento en muchos casos–, mecanismos para dar mayor independencia a las sociedades de tasación frente a los bancos a la hora de tasar la vivienda, la posibilidad de establecer límites en las compras de vivienda habitual para evitar sobre endeudamiento o mecanismos para evitar cláusulas abusivas en las negociaciones hipotecarias”. Esta segunda fase se producirá en la tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley, en la que se abordarán las medidas que planteen los grupos.

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