Los secretarios de Estado de Interior y de Justicia, Francisco Martínez y Fernando Román, se han reunido esta semana con la fiscal especialista en criminalidad informática, Elvira Tejada de la Fuente y con el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, para solicitar apoyo y asesoría a la Fiscalía en la lucha contra conductas delictivas efectuadas a través de redes sociales.
Concretamente, los representantes del Gobierno pretenden buscar fórmulas jurídicas con las que actuar contra los autores de mensajes en Twitter, a menudo arropados por el anonimato, en los que considera que se incita a la violencia y al odio.
El encuentro tuvo lugar, el pasado lunes, después de presentarse varias denuncias ante manifestaciones antisemitas efectuadas via Twitter tras la derrota del Real Madrid ante el Macacabi en la Final Four de baloncesto del pasado domingo. El debate también se ha intensificado a raíz de los insultos y amenazas que algunos usuarios de la red social escribieron contra dirigentes del PP tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco.
Según fuentes ministeriales, la fiscal experta en esta cuestión les expuso la dificultad de actuar de forma generalizada y les pidió «prudencia» para que las Fuerzas de Seguridad del Estado intervengan analizando caso por caso de manera aislada, sin mezclar los diferentes contenidos.
El catálogo de delitos aplicable es el mismo que se aplica a aquellos delitos cometidos al margen de las redes sociales: amenazas, injurias, vejaciones o incluso incitación a la violencia o al terrorismo.
En concreto, la actuación judicial y policial podría girar alrededor de dos artículos del Código Penal, que regulan las actuaciones contra aquellos que violentan a los demás. El primero es el artículo 173, que prevé una pena de prisión de seis meses a dos años para «el que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral».
Otro artículo aplicable es el 510 CP, que prevé penas de uno a tres años y multas de seis a 12 meses para «los que provocaren a la discriminación, al odio a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, será castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a 12 meses».
Además, el precepto añade: «Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía».
A raíz del debate, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que no está previsto modificar o crear nuevas figuras delictivas. Sin embargo, algunos han apuntado la posibilidad de aumentar las penas para este tipo de delitos como medida preventiva.
Tras los comentarios efectuados ante el asesinato de Isabel Carrasco, el Gobierno aseguró que estudiaría la forma de perseguir esos hechos como delitos de odio y apología. Así, el ministro del Interior, Jorge Fernández, aseguró: «Entendemos que esas conductas, en la medida que incitan al odio, deben ser perseguidas. Por eso vamos a estudiar la manera de abordar instrumentos legales adicionales que permitan hacer compatible la libertad de expresión, el derecho de información, pero también el derecho de los ciudadanos a su honor, intimidad y su seguridad».
En la reforma del Código Penal que se tramita actualmente, el Gobierno no ha incluido ninguna reforma de este tipo de delitos realizados desde las redes sociales. Sin embargo, la reforma despenaliza las injurias leves y las amenazas no graves, que ahora son faltas, por lo que las remite a la vía civil o a juicios de conciliación. En este sentido, la fiscal especializada en delitos informáticos, informó a los representantes del Ejecutivo que no se puede actuar desde el ministerio público por injurias, porque en esos casos sería necesaria una denuncia de parte, al no ser un delito perseguible de oficio.
