La reforma de la Administración, una de las grandes apuestas de esta legislatura, fue presentada este miércoles por parte del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha sido algo más concretada hoy por parte de la número dos del ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. Se trata de más de 200 propuestas que afectarán a la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración local con el objetivo de racionalizar el gasto público.
El marco de referencia de la reforma es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria aunque la ley de Transparencia será otra de las bases de la reforma. El Gobierno pretende clarificar el marco normativo que regula la organización del sector público en España y poner la lupa en los entes que existen en las Comunidades y las Entidades Locales y que cumplen características similares, para evitar duplicidades. Asimismo, pretende reforzar los mecanismos de planificación conjunta o de gestión integrada en los ámbitos en los que, pese a no detectarse duplicidades, concurren competencias sectoriales y territoriales. Así, se prevé la conexión de bases de datos y los registros públicos estatales y autonómicos, así como la puesta en práctica de la «ventanilla única» para el ciudadano y el acceso de éste a toda la información de que disponga la Administración sobre él a través de internet.
Por su parte, Soraya Sánez de Santamaría ha inaugurado esta mañana en las instalaciones del Palacio de la Moncloa unas jornadas de trabajo sobre la Reforma de la Administración Pública en que ha asegurado que el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), presentado ayer, establecerá una nueva cultura de «cooperación y colaboración» entre administraciones.
Ha incidido en que esta reforma persigue ahorrar mediante la «simplificación y la racionalización» sin que se merme el servicio público a los ciudadanos. El camino que ha señalado la CORA es que las competencias que ahora prestan dos o mas administraciones las asuma quién mejor servicio puede prestar. «Unas veces será el Gobierno central, otras las comunidades autónomas y en otras ocasiones los ayuntamientos», ha concretado.
En el capítulo de racionalización de organismos públicos, Sáenz de Santamaría ha incidido en que las comunidades autónomas han suprimido ya 535 empresas públicos y pretenden llegar hasta 718. Ha adelantado que el Gobierno reformará 57 organismos públicos y propone la supresión de 90 observatorios, principalmente autonómicos.
ATA celebra que se incorporen las propuestas de los autónomos
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) considera ésta como “una de las grandes reformas estructurales imprescindibles para mejorar la economía española». La racionalización de las Administraciones bajo criterios de eficiencia, necesidad y calidad de los servicios que prestan a los ciudadanos, «no sólo disminuirá el gasto que supone su sobredimensionamiento sino que también desbloqueará recursos crediticios copados en gran medida por las necesidades de financiación de las mismas, disminuirá la elevadísima morosidad y reducirá las trabas burocráticas, que no sólo dificultan que surjan nuevos emprendedores y empresas, sino que suponen un grave obstáculo al crecimiento y desarrollo de la actividad de los autónomos», aseguran.
ATA ha incidido en numerosas ocasiones en la necesidad de una profunda reforma de la Administración para eliminar grasa, burocracia, duplicidades, dispersión normativas y todas aquellas cargas y costes a la actividad empresarial que no estén justificados más allá de un afán recaudatorio. “La Administración debe de dejar de ser un enemigo del tejido empresarial y de los autónomos y convertirse en su aliado”, subraya Lorenzo Amor, Presidente de ATA.
“La dispersión normativa, la falta de homologación de los criterios exigidos, las duplicidades, la descoordinación entre los diferentes niveles de administración… todo ello hace que se den situaciones tan absurdas como que para llevar un caballo de Jerez al País Vasco se tarde 7 días y requiera de 5 permisos distintos, o que para fabricar bolsas ecológicas se necesiten hasta quince permisos distintos para distribuirlas”, señala Lorenzo Amor.
