Según comentó la propia Soraya Sáénz de Santarmaría, fue el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien presentó al Consejo de Ministro las directrices para la elaboración de un plan general de control del fraude para el año 2012, con la que el Gobierno espera elevar la recaudación en 8.171 millones de euros. La vicepresidenta avanzó que se intensificará la investigación del fraude fiscal, así como el control en la fase recaudatoria. Además, se aumentará la colaboración con las administraciones tributarias de las comunidades autónomas. Se pretende impulsar más autoregulaciones de pequeños contribuyentes con algun problema tributario para así poder destinar recursos a las grandes bolsas de evasión fiscal.

En estes sentido y aunque a preguntas de los periodistas que estaban en la rueda de prensa posterior al Consjoe de Ministros, no ha querido desvelar en que cuantía. Sáenz de Santamaría subrayó que Hacienda está estudiando la implantación de medidas para limitar el uso de pago en efectivo en determinadas transacciones económicas, como ya se hace en algunos países de nuestro entorno como Fracia o Italia, para luchar así contra la economía sumergida y la utilización de dinero negro en esos pagos.

Consulta al Banco de España

Otro de los asuntos que desveló la Viceepresidenta Primera y Ministra Portavoz es que en este Consejo de MInistros se ha estudiado el informe presentado por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, sobre la situación del sistema financiero y, en particular, sobre el calendario de reformas comprometido para los primeros 6 meses del año. Se da por hecho, que la reforma del sistema financiero se realizaré en este primer semestre del año.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció también en esta rueda de prensa que el ministro se dirigirá por carta inmediatamente al gobernador del Banco de España para que le informe sobre las retribuciones de altos cargos y consejeros de entidades financieras que han sido intervenidas o que han necesitado apoyo de dinero público.

Preguntada por la eventual creación de un «banco malo» para aglutinar los activos tóxicos, la vicepresidenta respondío que «ni estaba ni está sobre la mesa».

Sáenz de Santamaría recalcó que de acuerdo con los datos del informe, «el Gobierno adoptará las medidas oportunas con el objetivo claro de que no se premie a aquellos gestores que han colocado a las entidades en la situación de ser intervenidas o de necesitar dinero público para continuar llevando sus tareas».

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