Se aprobará a finales de mes una Ley que regule el endeudamiento y déficit de las Comunidades Autónomas

Situaciones extremas como la de la Generalitat Valenciana han encendido las alarmas en el Gobierno de Mariano Rajoy. Si ayer era el MInistro de Economía Luis de Guindos, quien en declaraciones a Financial Times daba por ello la promulgación de una ley que ayude a controlar el déficit de las comunidades autónomas, este viernes, tras el Consejo de Ministros que ha tenido lugar, la propia vicepresidenta primera y portavoz Soraya Saénz de Santamaría ha concretado que será tras el Consejo de Política Fiscal, organismo que recoge las inquietudes de todas las administraciones públicas, que tendrá lugar este mes de enero, cuando tras su dictamen se apruebe dicha Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

Este modelo de gestión recuerda mucho al que Sarkozy y Merkel quieren implantar para la Ue de cara a salir de la crisis conteniendo el gasto público. El control previo de los presupuestos autonómicos por parte del Gobierno central es una especie de traslación a escala nacional de las medidas de gobernanza económica establecidas por los países de la Unión Europea. Esa medida de actuación directa sobre las finanzas autonómicas, sin embargo, puede despertar recelos en algunas comunidades y, en particular, en Cataluña, donde el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha estado usando como argumento para justificar los recortes su voluntad de evitar que el estado intervenga Cataluña y se inmiscuya en las finanzas de la comunidad.

Más reducción de entes públicos

Asimismo, el Gobierno presidido por Rajoy tiene la intención de pedir explicaciones a las comunidades autónomas por el incumplimiento del plan de reducción de entes públicos aprobado en 2010 y que apenas ha sido llevado a cabo, según ha informado la portavoz. En la celebración del mismo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que está previsto para este mes de enero, el Ejecutivo popular pedirá que se le explique por qué hasta la fecha sólo se han reducido unas 69 de las 515 empresas y agencias públicas previstas, lo que supone tan sólo un 13%.

La vicepresidenta aseguró que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, con los consejeros económicos de las autonomías, se revisará el informe aprobado en 2010, e indicó que el Consejo de Ministros ha analizado un informe procedente del Ministerio de Hacienda que cifra en más de 4.000 los organismos, fundaciones y consorcios que forman parte del entramado de la Administración Pública y que necesariamente hay que reducir. En lo que corresponde a las competencias del Estado, Sáenz de Santamaría se ha comprometido a llevar dicha reducción con la mayor celeridad posible.