Juzgados ZaragozaEl Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha acordado hoy solicitar a Panamá la extradición del ciudadano español Faustino Aristimuño Zurbano por los delitos de falsedad documental y estafa contra la Hacienda Pública. Esta es la cuarta petición de extradición cursada contra Aristimuño por otras tantas causas abiertas en su contra en España.

En esta ocasión le reclama el Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza para juzgarle por supuestamente haber emitido entre agosto de 2005 y julio de 2006 certificaciones de obra a nombre de la empresa de la que era representante legal por trabajos de reforma y adecuación de un hotel por un importe de unos 600.000 euros. Según la petición de extradición, las certificaciones que realizó no se ajustaban a la realidad.

Esta petición de extradición se suma a las tres solicitudes procedentes de diferentes Juzgados de Zaragoza, dos de ellas para cumplimiento de condena y una para su enjuiciamiento, aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 21 de junio.

Aristimuño tiene pendiente dos condenas de prisión que suman cuatro años y 9 meses por seis delitos contra la Hacienda Pública. El Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza le reclama para el cumplimiento de un año de prisión por un delito fiscal del ejercicio 1999, cuando ocultó las ganancias auténticas de la sociedad limitada que dirigía, mediante la elaboración de facturas falsas con las que habría defraudado un total de 320.282,38 euros.

El Juzgado de lo Penal número 7 de la misma ciudad reclama a Faustino Aristimuño para que cumpla 3 años y 9 meses de prisión por cinco delitos contra la Hacienda Pública por no haber pagado el IVA correspondiente a los ejercicios fiscales 2001 y 2002, de 181.358,24 euros y 336.286,19 euros, respectivamente. Igualmente, cometió un total de tres fraudes en el IRPF durante los ejercicios 2000 (759.084,34 euros), 2001 (517.879,98 euros) y 2002 (846.665,90 euros).

Además, se solicita su entrega para ser juzgado por los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa. En este procedimiento se le acusa de falsificar la firma del representante legal de una sociedad mercantil en una letra de cambio por la que habría cobrado ilícitamente un total de 100.000 euros.

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