Reunión-Violenciade genero
Reunión entra la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, se ha reunido con la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmoa, para plantear un gran acuerdo social para erradicar la violencia de género. La consecución de este ambicioso objetivo empieza con acuerdos con el observatorio para mejorar la coordinación entre el sistema judicial y la actuación policial.

Así, se promoverán y facilitarán las denuncias contra malos tratos y se crearan mecanismos para que las fuerzas de seguridad dispongan de las denuncias y partes de lesiones que no son presentadas en dependencias policiales para disponer siempre de una valoración policial de los hechos en todos los casos. En este sentido, el Observatorio y el Ministerio acelerarán los trabajos para mejorar el cuestionario de valoración policial de riesgo. Entre los criterios manejados para dicha mejora, se encuentran la inclusión de variables relacionadas con la vulnerabilidad de las víctimas, presencia de hijos o hijas, situación laboral y discapacidad, y siempre con el fin de precisar el nivel de riesgo del modo más certero.

Además se promoverá la integración de cuerpos de policía locales al sistema VIOGEN, como ya ha ocurrido en Castilla y León, dónde la policía local tiene acceso a la base de datos de carácter nacional del Ministerio del Interior que recoge información policial, judicial y penitenciaria sobre casos de violencia de género.

La ministra Ana Mato y Ángeles Carmona han coincidido también en la necesidad de continuar con el seguimiento de las víctimas por parte de las administraciones implicadas en su atención integral más allá de la vigencia de las órdenes de protección. Por otro lado, ambas han destacado la importancia de que la mujer cuente con asesoramiento jurídico gratuito antes de la presentación de la denuncia, tal como prevé el proyecto de Ley de asistencia gratuita. Esto mejorará el sistema de denuncias porque ayudará a la mujer a que su escrito haga viable el procedimiento judicial y cuente con todos los elementos relevantes para su protección.

Otro de los puntos esenciales que han abordado es potenciar la formación de jueces y demás personal al servicio de la administración de justicia, por lo que se propondrá el impulso de campañas de información y de cauces de investigación.

Otra de las novedades importantes que se pretenden impulsar es la mejora de la protección de menores involucrados en estos casos. Singularmente, la legislación sobre la protección de la infancia que prepara el gobierno pretende incluir los menores como víctimas de esta clase violencia y el proyecto de Estatuto de la Víctima del Delito establece que los órganos judiciales pueden proteger a la víctima menor con medidas como suspender la patria potestad o establecer un régimen de supervisión.

Los juzgados de violencia sobre la mujer, por su parte, incluirán en sus radios de competencia delitos que actualmente corresponden a los juzgados de instrucción, como los quebrantamientos de la pena o de la medida cautelar impuesta, contra la intimidad o la propia imagen de la mujer, la revelación de secretos o el ciberacoso) y delitos de injurias, en estos supuestos siempre que la víctima sea la pareja o expareja del presunto agresor.

Todas estas medidas se tomarán el marco de este gran acuerdo social que busca el ministerio y que pretende involucrar a grupos políticos, agentes sociales y grupos de comunicación, además de servir de impulso para que toda la sociedad se comprometa en la lucha contra este tipo de violencia, que este año ha causado la muerte de 40 mujeres.

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