Los notarios consideran que este riesgo se deriva de incluir a los registradores de la propiedad y mercantiles como sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales, «cuando no hay un solo país en Europa que haya tomado esta decisión».

El Notariado mostró su desacuerdo con que se les permita constituir un organismo de prevención que examine los documentos públicos notariales, al igual que hace el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de los notarios, creado en enero de 2006 por el Consejo General del Notariado en cumplimiento de la Orden EHA 2963/2005 del Ministerio de Hacienda de 20 de septiembre de 2005.

«La creación de ese órgano de colaboración registral podría llevar a la ineficacia del sistema de prevención del blanqueo notarial», explica el Notariado, que advirtió también de que se podría provocar «un colapso material del tráfico civil y mercantil».

Los notarios recuerdan que en 2008 comunicaron un total 574 operaciones con indicios de delito por blanqueo de capitales al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Asimismo, los notarios atendieron a los requerimientos de información de las autoridades en relación a 8.626 personas físicas o jurídicas; concretamente de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional, las Fiscalías Antidrogas y Anticorrupción y del propio Sepblac.

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