Por José Maria Garcia Gutierrez, presidente de la Asociación de Abogados Urbanistas.

El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado mes de noviembre el Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica el Código Penal de 1995. Este Proyecto que se remite a las Cortes Generales para su aprobación supone una reforma de gran calado pues se modifican unos 130 artículos, casi la cuarta parte del código actual.

Estamos ante la tercera reforma del Código Penal acometida en el periodo democrático. Se trata de dar respuesta a las nuevas formas de criminalidad en especial a las derivadas de las nuevas tecnologías, delitos informáticos, se castigará con prisión todas las formas de acoso laboral u hostigamiento en el trabajo.

Se endurecen las penas contra la corrupción urbanística, cohecho, delito fiscal, urbanístico y contra el medio ambiente. Un proyecto muy ambiciosos que recoge bastantes novedades.

A partir de ahora el cohecho entre particulares será delito –hasta ahora sólo lo era entre funcionarios: cohecho público– y del mismo modo también lo serán las autoridades públicas por las obras ilegales que estén bajo su responsabilidad y que silencien u oculten o simplemente no supervisen o inspeccionen. Se trata de poner coto a las obras ilegales y a todos los costes derivados de su posterior derribo.

Otra novedad importante es la responsabilidad penal directa de las empresas que a partir de ahora cometerán delitos y se podrán requisar sus beneficios y se aumenta el plazo de prescripción de los delitos a cinco años.

Los asesinatos terroristas se igualan a los crímenes contra la humanidad y no prescribirán nunca. Se incorporan nuevos delitos como el yihadismo y la no prescripción de los asesinatos que hasta ahora se convertían en impunes a los treinta años. Nuevas medidas de libertad vigilada a los terroristas cuando cumplan sus penas con objeto de evitar la reincidencia y proteger a las victimas durante un máximo de 10 años, este régimen será fijado por los jueces en función de las circunstancias del caso y se emplearán medios de seguimiento telemático como las pulseras GPS.

Se endurece el tratamiento a los delincuentes sexuales, violadores y en general a los que abusen de menores, la captación de menores para espectáculos pornográficos, se les aplicarán medidas de libertad vigilada similares a las de los terroristas. También será condenado el cliente de prostitución con menores o personas que no puedan decidir por sí mismas. Como con el terrorismo, los delincuentes sexuales con penas superiores a cinco años no podrán obtener tercer grado hasta cumplir la mitad de la condena. Se impondrán condenas de hasta 15 años de prisión e incluso se podrá privar de la patria potestad a los padres para proteger a los menores de los abusos.

Se endurece el delito de trata de blancas y los delincuentes extranjeros con penas inferiores a seis años podrán ser expulsados del país entre tres y diez años. Todo ello en cumplimiento de las obligaciones internacionales que España tiene contraídas, mas específicamente en el marco europeo, que exigen adaptaciones de nuestras normas penales.

El tráfico ilegal de órganos, se trata de cortar cualquier atisbo en un país que está a la cabeza en número de transplantes por la eficiencia del sistema. Si bien en nuestra cultura no se concibe el pago por los órganos hay que recordar que en algunos países es una lacra como la droga existiendo autenticas mafias que giran en torno a ello, llegando incluso a organizarse subastas de órganos.

NUEVO SISTEMA DE INFORMACION URBANA: SIU

El pasado 4 de noviembre se produjo la presentación del SIU por el Subsecretario de vivienda, Marcos Vaquer. Los mercados de suelo y el urbanismo aparecen vinculados de forma repetitiva a procesos de corrupción y especulación. El deber de los poderes públicos es el de investigar, perseguir y sancionar estas procesos así como el de poner en marcha instrumentos eficaces de prevención de estas malas prácticas pensando en el futuro. El SIU constituye, sin duda, un buen instrumento de prevención de la corrupción en base a la transparencia.

Y para ello una buena herramienta para conocer mejor cómo se transforma nuestro territorio y ciudades, dónde puede haber suelo disponible, cantidad y los usos que se les puede dar, lo podemos hoy obtener, esa información a través de una herramienta que esta al alcance de todos como es Internet, y por medio de un Sistema de Información que ha creado recientemente el Ministerio de la Vivienda llamado SIU.

A pesar de lo novedoso que pueda parecer y de lo beneficioso que va a ser ese instrumento de Información para los ciudadanos, sin embargo esto ya estaba recogido en la Ley del Suelo Estatal (en el Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio. Texto Refundido de la Nueva Ley del Suelo) (en el art. 11) y a su vez venia ya contemplado por primera vez en la anterior Ley 8/2007 de 28 de mayo, en el artículo 11. Se trata de garantizar la transparencia en los procesos urbanísticos.

El SIU es una herramienta digital en forma de portal libre y gratuito a través del cual los ciudadanos tendrán acceso a toda la información disponible sobre urbanismo y suelo en la dirección siu.vivienda.es/portal/. También se podrá acceder al mismo a través del enlace disponible en la página web del ministerio.

El SIU recoge información relativa a cuatro áreas principales:

Planeamiento Urbanístico, Ocupación y usos del suelo, Clases de suelo y Áreas en desarrollo.

ADAPTACIÓN DE LOS DELITOS MEDIOAMBIENTALES A LA NORMATIVA EUROPEA

Se agravan las penas para adaptar la Directiva del Parlamento y del Consejo Europeo relativa a la protección del Medio Ambiente a través del derecho penal, aprobada el 24 octubre del 2.008.

Dentro de la protección del medio ambiente, uno de los aspectos mas problemáticos lo constituye la demolición de las obras ilegales. Con esta reforma los jueces podrán ordenar la demolición de las obras afectadas, a cargo de los autores, a quienes además se les impone la reposición de los bienes a su estado primigenio. Ahora se facilita la financiación de los gastos de demolición, ya que se contempla el comiso de las ganancias obtenidas por la empresa u organización ilegal, e incluso la imposición de que los beneficios derivados del delito, de proyectos anulados tengan que destinarse forzosamente a tal fin. Todo ello, recordando que las empresas podrán responder penalmente.

Esto es una necesidad, algo que las instituciones europeas vieron hace tiempo, no hay otra alternativa tras constatar los sucesivos incumplimientos de la normativa europea para la protección del medio ambiente.

A partir de ahora se sancionará penalmente el traslado ilegal de residuos. Hasta ahora solo llevaba aparejado una sanción administrativa.

Del mismo modo constituirá delito la explotación de instalaciones en las que se lleven a cabo actividades peligrosas, sin la correspondiente licencia.

También se tipifica como delito la destrucción o grave alteración del hábitat por la caza y pesca de especies amenazadas.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.