El Partido Popular defenderá este martes ante el Pleno del Congreso una iniciativa para aumentar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, con el objetivo de adaptar la ley a las recomendaciones de la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad de 2006, que se ratificó en España en el año 2008.

La reforma pretende modificar el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con algún tipo de discapacidad, basada hasta ahora en la figura del tutor legal. Actualmente, este régimen se establece sin tener en cuenta el grado de discapacidad de la persona, que se declara directamente incapaz de tomar sus propias decisiones. Ello colisiona con lo que establece el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que defiende “el igual reconocimiento como persona ante la Ley”. Por ello se someterá este martes a votación la proposición no de ley ante el Pleno de la Cámara baja, que insta al Gobierno a remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley para dar cumplimiento al artículo 12.

Dicho precepto establece que los Estados que forman parte de la Convención deberán reconocer que las personas con discapacidad tengan capacidad jurídica “en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”. A lo largo de los distintos apartados, el artículo también establece que deben proporcionarse “salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos”. Y se añade: “Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos, por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial”.

Por último, el precepto citado concreta que los Estados Parte deberán tomar “todas las medidas que sean pertinentes y efectivas” para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y deberán velar por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria”.

El portavoz ‘popular’ en la Cámara baja, Alfonso Alonso, destacó tras la Junta de Portavoces de la pasada semana que esta modificación legislativa está pendiente desde que España ratificó la Convención en 2008 y, por tanto, “tiene que suscribir las recomendaciones que en ella se recogían desde entonces”. Además, el Partido Popular quiere que el proyecto de ley establezca las modificaciones necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que los precisen. En este sentido, se prevé que sea el juez el que determine el grado de discapacidad de la persona y en qué medida puede participar en tomas de decisiones, de acuerdo con su situación particular, que afecten a su propia vida.

La proposición no de ley argumenta que más de mil millones de personas en el mundo, en torno al 15 por ciento de la población mundial, vive con algún tipo de discapacidad. También apunta al Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial en 2011, donde se reseña que la discapacidad forma parte de la condición humana, “ya que está previsto que casi todas las personas tengan algún tipo de discapacidad, transitoria o permanente, a lo largo de su vida”. Concretamente, la iniciativa concreta que el número total de personas residentes en hogares españoles que declaran tener alguna discapacidad asciende a los 3,8 millones, lo que supone un 8,5 por ciento de la población, según la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020.

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