Por César Iglesias Rebollo, abogado de Díaz-Bastien & Truan.

El pasado 22 de diciembre el Congreso de los diputados aprobó la Ley por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.

Dicha Ley modifica diversos aspectos que afectan a la protección de los consumidores y a la regulación de la competencia desleal a fin de trasponer al derecho español una serie de directivas en la materia y, en particular, la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior.

Dicha directiva incluye el concepto de prácticas desleales por agresivas. Esto es, prácticas comerciales que afectan o pueden afectar la libertad de elección o conducta del consumidor o usuario mediante el acoso, la coacción, incluido el uso de la fuerza, o influencia indebida.

Entre los factores referidos en dicha directiva y, ahora, en el nuevo artículo 8 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, para determinar la existencia de una conducta agresiva se incluyen: el momento y el lugar en que se produce, su naturaleza o su persistencia y, por ejemplo, la explotación por parte del empresario o profesional de cualquier infortunio o circunstancia específicos lo suficientemente graves como para mermar la capacidad de discernimiento del destinatario, de los que aquél tenga conocimiento, para influir en su decisión con respecto al bien o servicio.

El legislador español, al desarrollar este concepto de “conductas agresivas” ha identificado entre ellas, en el nuevo artículo 29 de la Ley de Competencia Desleal la recepción continua y sistemática de llamadas de empresas publicitando sus productos, lo que se conoce como “spam telefónico”.

Este fenómeno no es nuevo y, desde luego, precede a la aparición del spam por correo electrónico. De hecho, por ese motivo resulta curiosa esta innovación por lo tardía.

En realidad, como se puede comprobar al leer el artículo, el problema que se plantea el legislador no es el spam telefónico en sí, sino los medios de comunicación como instrumento de acoso por las empresas a los consumidores o usuarios. Ha dejado de importar el medio empleado, la norma intenta ser tecnológicamente neutral en ese sentido.

Debemos tener en cuenta, además, que esta conducta que ahora queda amparada por el sistema de garantías que ofrece la Ley de Competencia Desleal normalmente implica o requiere la infracción de otra normativa como puede ser la establecida por la Ley de Servicios de Sociedad de la Información (falta de consentimiento para la recepción de comunicaciones comerciales por vía electrónica) o la Ley Orgánica de Protección de Datos (falta de consentimiento para el uso de los datos de carácter personal por la empresa acosadora).

Lo que aporta el sistema de garantías de la Ley de Competencia Desleal es la legitimación activa de otros actores además del propio afectado. También tendrán legitimación activa el Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios, así como las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores y usuarios. Esta amplia legitimación activa debería propiciar la persecución de las empresas que realizan “spam telefónico” y, en general, acosan a sus clientes.

Con la aprobación de la Ley comienza el proceso de aquilatar los conceptos, de tal forma que contemos con una idea clara de qué supone, por ejemplo, una reiteración de llamadas (¿dos veces? ¿tres? ¿cuatro?) para que pueda considerarse como conducta agresiva y, sobre todo esos mecanismos que permitan al usuario dejar constancia de su oposición.

Un instrumento específicamente señalado en este artículo 29.2 que nos ocupa es la identificabilidad del número que está realizando la llamada (presumiblemente para que podamos saber qué número corresponde a qué empresa). Sin embargo, una efectiva protección contra el spam telefónico requiere el desarrollo de otros instrumentos que permitan a las empresas identificar qué usuarios no quieren recibir llamadas de índole comercial.

En suma, se trata de cómo conseguir, en un ámbito en el que las bases de datos incluyen cientos de miles o millones de personas, que los deseos, consentimientos y revocaciones de cada titular queden convenientemente registrados y se utilicen como referencia. Este tipo de instrumentos también deberían permitir o, al menos, facilitar el cumplimiento de otro tipo de normativas, como la de datos de carácter personal.

En consecuencia, nos encontramos ante un importante avance en la defensa de los derechos de los consumidores y ante un apasionante reto para aquellas empresas que aún no saben gestionar sus bases de datos de clientes.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.