Por Elena Ballesteros, abogada del departamento de Litigation & Forensic de ECIJA

El Estatuto de los Trabajadores prevé un tipo de despido que se conoce como despido por causas objetivas, es decir, causas que justifican el despido pero, en tiempos de crisis como en el que nos encontramos, la pérdida de puestos de trabajo puede darse sin ningún tipo de causa, lo que le puede salir muy caro a las organizaciones, tanto por las indemnizaciones que tienen que afrontar, como por la nueva contratación cuando se supera la mala situación económica.

Por ello, en ocasiones los empresarios tratan de buscar algún tipo de justificación en sus despidos que hagan que éstos sean más económicos, justificación originada en muchos casos por el uso indebido de las nuevas tecnologías por parte del trabajador durante su jornada laboral.

En este sentido, se hace necesario que por parte de la organización se establezcan las reglas de uso de las nuevas tecnologías y se informe sobre los sistemas de control que pueden ser llevados a cabo por el empresario. Efectuado este control y encontradas pruebas que acrediten el uso indebido de las nuevas tecnologías, se podría producir un despido, como dice el Estatuto de los Trabajadores, por “causas objetivas”.

Pero, ¿cómo se encuentran esas pruebas? y ¿cómo se justifica el despido ante los Tribunales? Éste es el momento en que entran en juego las evidencias electrónicas, que permiten, entre otras cosas, acreditar en un juicio por despido que el empresario ha realizado sus funciones de control correctamente, sin vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores y que el trabajador ha hecho un uso indebido de las nuevas tecnologías.

Para asegurar la admisibilidad de la prueba electrónica en un proceso judicial, han de cumplirse los requisitos de (i) licitud, en el sentido de que debe obtenerse sin vulnerar los derechos garantizados en el art. 18 de nuestra Carta Magna, amparada en una Resolución Judicial y teniendo en cuenta el art. 197 del Código Penal; (ii) autenticidad, en cuanto que debe garantizarse la cadena de custodia, es decir, que lo que se analiza es exactamente lo ocupado en la actuación; (iii) integridad, preservando la integridad de los medios de almacenamiento originales (PC, PDA, Pendrive, etc.), teniendo especial cuidado en no alterar su contenido; y (iv) claridad, ya que el componente tecnológico de la prueba electrónica hace que los expertos deban presentarla ante los Tribunales de forma clara y comprensible, para que personas legas en informática puedan comprenderla.

Sobre esta cuestión, hasta el año 2007 existían dos líneas divergentes en la Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia:

Estricta: que mantenía el régimen de garantías del art. 18 del Estatuto de los Trabajadores a la hora de registrar el contenido del ordenador del trabajador, al considerarlo un efecto personal.

Laxa: que establecía que se trataba del control de un medio de trabajo, con la única limitación del respeto a la dignidad del trabajador, conforme al art. 20.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Esta discordancia jurisprudencial se resolvió con la importante Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 26 de septiembre de 2007, que unifica la doctrina respecto al control empresarial de las nuevas tecnologías utilizadas por el trabajador.

Así, en cuanto a la validez del registro del ordenador por el empresario, dicha Sentencia establece las siguientes matizaciones:

Se han de establecer previamente las reglas de uso de los medios informáticos y de comunicación facilitados por la empresa a los trabajadores (con aplicación de prohibiciones absolutas o parciales).

Se ha de informar a los trabajadores que va a existir un control y de los medios que han de aplicarse en orden a comprobar la corrección de los usos, así como de las medidas que han de adoptarse para garantizar que el uso de los medios informáticos y de comunicación es estrictamente laboral.

Por todo ello, a pesar de que los usos sociales han admitido la utilización del ordenador en el trabajo con fines personales moderados, lo que crea la necesidad de una transparencia del control que cree en los trabajadores una cierta expectativa de confidencialidad, éstos deberán tener especial cuidado a la hora de utilizar las nuevas tecnologías ya que, si la empresa ha informado de la existencia del control por el empresario y de los medios que se van a emplear para ello, la sola utilización del correo personal o la visita de determinadas páginas web de forma personal, llámense youtube, facebook, yumeih o flickr, podría ser la clave para que, sin que suponga un gran desembolso económico, el empresario reduzca personal, acreditando el uso indebido de las nuevas tecnologías con evidencias electrónicas.

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