La Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto un recurso de casación en materia de Derechos Fundamentales. Los hechos objeto en enjuiciamiento parten de la demanda interpuesta por el  alcalde de la localidad de Morella y diputado en las Cortes Valencianas por la publicación en la revista Época, la semana del 18 al 24 de febrero de 2005, de un artículo titulado «La ley del silencio, epitafio de los muertos en Todolella» en relación con el fallecimiento de 18 personas por inhalación de monóxido de carbono en un albergue de La Todolella.

 La sentencia de primera instancia desestimó la demanda basándose en el interés general del hecho y la diligencia del profesional de la información en la búsqueda de la información. La sentencia de la Audiencia de Castellón condenaba a la revista a pagar 6.000 euros de indemnización al demandante al entender que “la periodista había actuado con falta de diligencia por no informar sobre sus fuentes y omitir datos”

 La sentencia de la Sala Primera, de la que es ponente el magistrado Xiol Ríos, estima el recurso de casación del medio informativo, desestimando la demanda interpuesta. La Sentencia reitera la doctrina de la Sala acerca de que el informador no tiene el deber de hacer constar sus fuentes salvo en los supuestos de reportaje neutral, considerándose que, en un artículo en el que el tema central gira en torno al silencio de una población que tiene miedo a ser identificada, es diligente la actitud del profesional de la comunicación que no identifica sus fuentes, protegiendo el anonimato y la seguridad de las mismas.

En el análisis de los derechos fundamentales en colisión, la sentencia parte de la prevalencia del derecho a la libertad de información en un Estado democrático de Derecho. Esta prevalencia se mantiene en el caso enjuiciado al haberse ejercitado el derecho a la información de forma legítima, pues la información publicada tenía un interés público muy elevado; se llevó a cabo por parte del profesional de la comunicación una labor de investigación diligente; y porque la falta de identificación de las fuentes resultaba razonable, sin que existiera el deber de identificarlas al no tratarse de un supuesto de reportaje neutral, y sin que la existencia de inexactitudes desvirtuaran esta prevalencia.

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